El Gobierno del presidente guatemalteco, Alfonso Portillo, ha declarado el estado de calamidad pública en el país, en un intento de combatir el hambre y la extrema pobreza que se han agravado por la sequía de este año. La decisión de decretar el estado de calamidad pública (uno de los cinco estados de excepción que establece la Constitución) la tomó Portillo el pasado lunes en la reunión del Consejo de Ministros. La medida ha entrado en vigor inmediatamente para un periodo de 30 días, pero el Congreso Legislativo tendrá que ratificarla dentro de las próximas 48 horas.
Los municipios azotados por la hambruna son Camotán y Jocotán, en el departamento oriental de Chiquimula, donde 41 personas, entre ellos doce niños, han muerto este año a causa de la desnutrición. De acuerdo con los datos de la Cruz Roja guatemalteca, Jocotán, a unos 190 kilómetros de la capital, registró entre enero y junio pasados 175 casos de desnutrición infantil y su vecino Camotán, 249 en el mismo periodo. No obstante, de acuerdo con Pérez, la disposición abarcará a toda Guatemala porque la escasez de alimentos afecta al resto del país, donde más del 80 por ciento de los 11'5 millones de habitantes viven en situación de pobreza y extrema pobreza.
El decreto emitido por el Gobierno indica que mientras dure el estado de calamidad se tomarán medidas urgentes para atenuar los efectos de la crisis por la sequía, especialmente en Jocotán y Camotán. De forma directa han empezado a intervenir los ministerios de Agricultura, Salud, Educación y Trabajo, así como el Instituto de Fomento Municipal. El Gobierno prevé poner en marcha programas de ayuda en semillas, fertilizantes, plaguicidas y riego, para la reposición de los cultivos dañados por la falta de lluvia, así como jornadas de vacunación, atención contra la desnutrición. Pérez afirmó que el Gobierno pedirá la ayuda de la comunidad internacional.