El plan de ajuste económico que quiere activar el presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, y que ha sido pergeñado por su ministro de Economía, Domingo Cavallo, parecía que tenía allanado su camino después de haber pasado por el Congreso y contar con el apoyo de gran parte de la oposición.
Pero no ha sido hasta su llegada al Senado hasta que se ha encontrado el fuerte obstáculo de la oposición peronista para sacarlo adelante, ya que el Partido Justicialista no está de acuerdo con los fuertes recortes salariales que se prevén para algunos funcionarios y pensionistas, así como para los políticos de alto rango, que podrían ver reducido su sueldo un 35 por ciento. La oposición quiere que en vez de recortar de forma tan brusca los salarios se apruebe una mayor carga fiscal para el sector financiero, algo que repercutiría en los dos grandes bancos españoles.
Todo ellos se produce en medio de protestas y movilizaciones contra los recortes de los salarios de los empleados públicos, que ayer volvieron a paralizar sus actividades e incluso ocuparon varios salones del Parlamento. Por otra parte, Estados Unidos pidió ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI) que acelere los trámites para otorgar nuevos fondos a Argentina.