Alemania, Francia y Holanda se sumaron finalmente al consenso en torno a una declaración de cuatro párrafos que no menciona explícitamente las preocupaciones españolas, pero que refleja la intención de Bruselas de profundizar en el problema.
España mantuvo durante semanas un firme pulso con Alemania para que se reconociera desde ahora el problema que puede plantear a las regiones más pobres el ingreso de países con una renta sensiblemente inferior a la media de la UE actual.
La ampliación de la Comunidad a los países del centro y este de Europa podría suponer para esas zonas la pérdida repentina de los millonarios fondos que reciben de la UE, como resultado de una falsa convergencia «estadística». Como exigía Alemania, la declaración adoptada ayer por los Quince no singulariza a España, sino que reconoce que la ampliación «tendrá consecuencias para todos los estados miembros y para el funcionamiento y el desarrollo de las políticas» comunitarias.
Dichas consecuencias «serán abordadas de acuerdo con los procedimientos acordados», añade el texto. Asimismo, la declaración subraya que las negociaciones entre los Quince y los doce candidatos a la adhesión se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario indicativo adoptado el pasado diciembre y dentro del marco presupuestario decidido en Berlín en 1999. No habrá, pues, ni retrasos, ni más dinero hasta 2006, tal y como exigía sobre todo Alemania.