Tras años de esperas y retrasos, los trabajadores forzados del nazismo podrán comenzar a recibir las indemnizaciones prometidas por Alemania, después de que el Bundestag (Cámara Baja) aprobara ayer el último trámite previsto en el acuerdo. «Quiero comenzar con una expresión que resume el alivio y satisfacción que todos sentimos hoy (ayer): al fin», aseguró el canciller Gerhard Schröder, quien recordó que las compensaciones cierran «el último capítulo de nuestra responsabilidad histórica».
De los 10.000 millones de marcos (850.000 millones de pesetas) que la industria y el Gobierno de Berlín se comprometieron a desembolsar a partes iguales, algo más de 8.000 irán a parar al más de un millón de víctimas a partir del próximo mes de junio. «Tengo que pedir perdón a todos aquellos para quienes nuestro trabajo ha tardado demasiado tiempo; los retrasos fueron y son dolorosos, porque no lograremos que las compensaciones lleguen a muchas de las víctimas antes de que acabe su vida», declaró el delegado del Gobierno en las negociaciones, Otto Lambsdorff. Y es que son cada vez menos los supervivientes entre los diez millones de personas que se calcula fueron deportadas a territorios del Tercer Reich para trabajar en todos los sectores de la economía, en sustitución de los alemanes reclutados por el Ejército nazi.
Cada día que se ha retrasado el proceso han muerto unas doscientas personas con derecho a indemnización, según los cálculos de los representantes de las víctimas. La demora ha sido larga si se calcula desde julio de 2000, cuando se ratificó el acuerdo de indemnizaciones, pero aún lo es más si cuenta desde que comenzaron las negociaciones, en 1999.
El último paso para estos pagos lo dieron ayer los diputados, al respaldar unánimemente una resolución que determina que la industria alemana cuenta con las suficientes garantías legales contra futuras demandas de víctimas del nazismo. Queda mucho papeleo para comprobar las identidades de cientos de miles de víctimas sin documentos, y los trámites deberán ser rápidos para que les lleguen cuanto antes las indemnizaciones que para muchos serán la primera muestra de arrepentimiento que reciben por la injusticia histórica. Se calcula en unas 200.000 las personas que tienen derecho a la indemnización.