España sufrió una severa derrota ayer en Bruselas al no apoyar la moratoria, exigida principalmente por Alemania, pero tampoco se opuso a que los Quince establezcan una «posición común» sobre ese capítulo, lo que permitirá entablar ya las negociaciones con los países candidatos conforme al calendario previsto. De este modo, el Gobierno español dio marcha atrás en su veto. El Comité de Representantes Permanentes (Coreper), que prepara las decisiones de los Quince, no pudo cerrar ayer, sin embargo, definitivamente, la posición común sobre libre circulación de trabajadores, debido a que el embajador portugués solicitó tiempo para consultar a su capital, según dijeron fuentes diplomáticas.
La posición común contempla, en cualquier caso, un largo período transitorio, de hasta siete años, antes de que los trabajadores del Este puedan circular libremente por el territorio de la Comunidad, después de la adhesión. Basándose en su propia experiencia, España había considerado siempre que esa moratoria resultaba excesiva e injustificada, pero ayer creyó llegado el momento de no oponerse más a la posición común de los Quince, con el fin de no obstaculizar las negociaciones de ampliación, según explicó un diplomático.
«España ha dejado claro que no bloquea la ampliación» y «que nunca ha establecido un vínculo con las ayudas regionales», subrayó la fuente. Por su parte, el embajador sueco Gunnar Lund, presidente de turno del Coreper, confirmó a la prensa que «España no es un problema para aprobar el capítulo sobre libre circulación de trabajadores». El gesto español fue correspondido por la presidencia sueca y la Comisión Europea, las cuales se esforzaron por encontrar una respuesta a las inquietudes expresadas por España en relación con el futuro de los fondos estructurales y de cohesión dentro de la Europa ampliada, aunque no se decidió ayer, como esperaba la delegación española.
El embajador Lund se mostró convencido de que los temores españoles «tendrán una respuesta» adecuada en las próximas horas o días. «Al menos ése es nuestro propósito», indicó a los periodistas. España remitió en abril a sus socios un memorando en el que alertaba sobre el llamado «efecto estadístico» de la ampliación, en virtud del cual algunas regiones consideradas hoy pobres, que reciben importantes fondos de la UE, podrían quedarse repentinamente sin ayudas, como consecuencia de la subida artificial de su nivel de renta.