El Consejo Constitucional puso ayer punto y final a la riña sobre la inversión del orden de las elecciones presidenciales y legislativas de 2002, que enfrentó al presidente con el primer ministro y generó curiosas alianzas. La luz verde de la máxima institución constitucional francesa al proyecto de ley, aprobado el pasado 24 de abril por la cámara de diputados, permite convocar las elecciones presidenciales unas semanas antes de las legislativas. Se dio carpetazo así al pulso que por este tema mantuvieron el presidente, el neogaullista Jacques Chirac, y el primer ministro, el socialista Lionel Jospin -seguros rivales al Elíseo en 2002-, y que generó fisuras a izquierda y derecha del arco parlamentario.
Aprobada por los diputados por 308 votos a favor, 251 en contra y 8 abstenciones, la ley prolonga más de dos meses el mandato de los diputados en esta legislatura para que las presidenciales se puedan celebrar antes que las Legislativas, lo que, según los analistas, favorece a Jospin, y, según sus detractores, era inconstitucional. En rueda de prensa, el presidente del Consejo Constitucional y ex ministro neogaullista, Yves Guéna, dijo que la norma impulsada el pasado noviembre por Jospin no atenta contra «ningún principio, ni regla» de la Carta Magna francesa.
Guéna puntualizó que el Consejo Constitucional -cuya independencia es puesta sistemáticamente en tela de juicio por la izquierda debido a su composición mayoritaria de derecha- no entró en ningún momento a valorar «si la inversión del calendario es oportuna o no». El debate de la ley orgánica opuso, de forma inédita, al Partido Socialista (PS) de Jospin y a una parte de la centroliberal UDF de François Bayrou -quien no oculta sus ambiciones presidenciales- con los socios gubernamentales, Partido Comunista Francés (PCF) y Verdes, que en esta guerra se aliaron con el RPR de Chirac.