La Comisión Europea anunció ayer su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, por la aplicación de un IVA reducido a los gases licuados del petróleo (GLPs) y a los ciclomotores.
La Comisión, que ha iniciado acciones judiciales contra Alemania y Francia también por razones similares, considera que dos leyes españolas constituyen infracciones respecto a la sexta directiva del IVA. Estas disposiciones prevén una tasa reducida para el suministro, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de gases licuados del petróleo (butano, propano y otros derivados), así como para los vehículos de dos o tres ruedas de cilindrada inferior a 50 centímetros cúbicos. «Las medidas españolas son una infracción del artículo 12 de la sexta directiva de IVA, que permite la aplicación de tipos reducidos únicamente a los productos recogidos en el anexo H de la directiva, entre los que no figura ni el gas ni los ciclomotores», explica la dirección general de Mercado Interior y Fiscalidad en un comunicado.
Por otra parte, en lo que afecta al suministro de gas, este artículo 12 permite como excepción la aplicación de un tipo reducido pero sólo si se trata de gas natural y con la condición de que el Estado miembro haya cumplido ciertas formalidades, así como que no haya distorsiones para la libre competencia. «La legislación española aplica una tasa de IVA reducida a los GLPs que no están clasificados como Gas natural, pero lo aplica al gas natural. Esta medida puede tener también como resultado crear distorsiones de competencia prohibidas por la directiva», sentencia la Comisión.