El general retirado Augusto Pinochet declaró al juez Juan Guzmán que «no soy ningún criminal», y responsabilizó a sus subordinados de los crímenes que se imputan a la llamada «Caravana de la Muerte». Así lo revela el contenido de la declaración indagatoria que rindió el martes ante el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue difundido ayer.
El ex comandante en jefe del Ejército chileno fue interrogado por su presunta responsabilidad en 57 homicidios y 18 desapariciones atribuidas a una misión militar a cargo del general Sergio Arellano Stark, quien actuaba en calidad de «delegado especial» de Pinochet. Esta comitiva recorrió diversas ciudades del país en octubre de 1973 para «acelerar procesos judiciales» de presos políticos, y según consta en el sumario que instruye el juez Guzmán, ejecutó sin juicio a 75 opositores al régimen militar.
Pinochet aseguró que él jamás ordenó fusilar a nadie, aclaró que la orden de la Junta de Gobierno era «abrir fuego sólo en caso de defensa propia» y agregó que los encargados de agilizar los procesos eran los comandantes de las respectivas unidades por donde pasó la caravana. La misión de Stark era «acelerar los procesos para instar a su pronta terminación; los que había que condenar, sentenciarlos, y para aquellos que no tenían mérito, sobreseerlos», según la declaración del ex gobernante de facto.
Sobre si dio la orden de que no se entregaran los cuerpos de las personas fallecidas, Pinochet contestó que si eso ocurrió alguna vez, fue porque los cadáveres eran retirados por los propios familiares. En otras ocasiones se debió, según dijo, a que se trataba de terroristas indocumentados, lo cual dificultaba su identificación y motivaba que nadie reclamara los cuerpos.