Tras una cerrada oposición inicial y una larga batalla jurídica, el ex dictador Augusto Pinochet se puso ayer, por segunda vez en su vida, a disposición de un equipo médico que debe determinar si está en condiciones de ser sometido a juicio por violaciones a los derechos humanos. A punto de ser acusado de desacato y tras varias resoluciones judiciales en su contra, el camino médico fue la única vía que le quedó al desaforado senador vitalicio para escapar de la justicia que le atribuye responsabilidad en 75 crímenes de la «Caravana de la Muerte».
El interrogatorio y los exámenes médicos -que la defensa resistió hasta el final por considerar «indigno» que el ex gobernante militar fuera exonerado por mala salud y no por inocente-, son trámites que el juez Juan Guzmán debe cumplir antes de resolver sobre el enjuiciamiento del ex dictador. El magistrado había ya procesado al octogenario general el pasado 1 de diciembre como autor intelectual de las ejecuciones de la comitiva militar, pero su resolución fue anulada por los tribunales superiores por la falta de la declaración indagatoria. La legislación chilena establece que todos los inculpados mayores de 70 años deben ser sometidos a exámenes mentales para determinar si padecen locura o demencia, que son las únicos eximentes frente a un eventual juicio.
Pinochet ingresó a tempranas horas al Hospital Militar de Santiago, en el sector oriente de la capital hasta donde llegaron también partidarios y detractores del ex dictador. La evaluación del ex jefe militar está a cargo de un equipo integrado por dos psiquiatras, una psicóloga y tres neurólogos, más dos peritos adjuntos designados por la defensa y los acusadores. En declaraciones a Televisión Nacional, el juez Juan Guzmán señaló que esta primera jornada estaba dedicada a los análisis de laboratorio y que a partir de hoy empezarán los exámenes psicológicos y mentales.