Dirigentes políticos y abogados querellantes consideraron grave la negativa de Augusto Pinochet a comparecer ante el juez Juan Guzmán por su eventual responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que por 17 años (1973-1990) encabezó en Chile. «Es algo extremadamente grave», señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto, quien añadió que «no debe haber ciudadanos de primera, segunda o tercera clase, como en algún momento pareció el país acostumbrarse».
La batalla judicial por el destino de Pinochet se intensificó en las últimas horas con nuevos recursos presentados por sus defensores, mientras los querellantes replicaron con una petición formal de arresto domiciliario para el desaforado senador vitalicio.
Esta última petición, según explicó el abogado Hugo Gutiérrez, se fundamenta en que Pinochet ya estaría incurriendo en desacato, pues a medianoche del viernes venció el plazo que tenía para fijar su domicilio, a efectos del interrogatorio del próximo martes. «Al no haber fijado su domicilio Pinochet puede ser declarado en rebeldía», afirmó Gutiérrez.
Mientras Pinochet recibía esta visita, su defensa, que ha adoptado una actitud desafiante frente al juez Guzmán, sufría dos serios reveses en los tribunales de Justicia. El plenario de la Corte Suprema, por 15 votos a 2, rechazó una queja de los abogados del ex dictador contra el juez y mantuvo la decisión de éste de tomar los exámenes médicos a Pinochet hoy y mañana lunes, así como de interrogarle el martes.