El presidente chileno, Ricardo Lagos, confirmó ayer que los jefes militares pidieron en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) la aplicación en sus términos originales de la Ley de Amnistía, que permitía a los militares evitar su comparecencia ante los tribunales, incluido el procesamiento del ex dictador Augusto Pinochet. «Hubo un planteamiento de los comandantes en jefe para reinterpretar la ley de amnistía, pero lo importante es que el presidente del Senado (Andrés Zaldívar) y el de la Corte Suprema (Hernán Àlvarez) plantearon la necesidad de independencia de las instituciones y con eso me quedo», dijo Lagos a los periodistas.
Durante el régimen militar, los tribunales chilenos aplicaron la ley de amnistía, impuesta por la dictadura en 1978 y que cubre los casos ocurridos entre 1973 y ese año, con el sólo requisito de establecer la existencia del delito, sin determinar sus circunstancias, ni identificar a los autores. Sin embargo, en los últimos años los tribunales, principalmente por iniciativa de la Sala Penal de la Corte Suprema, comenzaron a utilizar el criterio de amnistiar los casos sólo después de investigar las circunstancias de los hechos, identificar a los autores y establecer responsabilidades.
Mientras, la defensa de Augusto Pinochet anunció ayer que recomendará al ex dictador chileno no someterse a los exámenes mentales y neurológicos ordenados por la justicia, ni tampoco comparecer para ser interrogado por el juez especial Juan Guzmán Tapia. «Yo digo que el general Pinochet no debería someterse a exámenes médicos ni tampoco debería prestar la declaración indagatoria, pues considero que la actitud del ministro (magistrado) Guzmán es de hostigamiento hacia el general Pinochet», afirmó en el Palacio de los Tribunales el abogado Pablo Rodríguez, jefe del equipo que defiende al ex gobernante.