Los políticos franceses observan con inquietud cómo se ha acelerado vertiginosamente la investigación judicial de supuestos casos de financiación irregular de partidos, blanqueo de dinero y venta de armas, que salpican a destacados personajes.
Las confidencias póstumas a finales del pasado septiembre de Jean-Claude Méry, un presunto ex «financiero oculto» del neogaullista RPR, parecen haber actuado como nuevo carburante para los jueces instructores del sumario sobre supuestas adjudicaciones de obras irregulares en escuelas de la región parisiense.
El reciente procesamiento en cadena de los ex responsables oficiales u oficiosos de finanzas del RPR del presidente francés, Jacques Chirac y del Partido Socialista (PS) del primer ministro, Lionel Jospin, ha puesto en una situación embarazosa a dos de las cabezas más visibles del Estado. Ante el creciente número de voces que demandan explicaciones, Chirac y Jospin han optado por dar la callada por respuesta.
Según los analistas, ambos habrían llegado a un pacto tácito para velar armas hasta después de la cumbre europea de Niza, por cuyo resultado será juzgada la presidencia francesa de la Unión Europea. De los dos es el jefe del Estado quien se encuentra en una situación más difícil.