El Gobierno y el Ejército chilenos mantienen discrepancias de fondo respecto a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), solicitada por los militares a raíz del procesamiento del general Augusto Pinochet y considerada «injustificada» por el Ejecutivo.
Las divergencias quedaron en evidencia tras una reunión entre el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, el vicepresidente José Miguel Insulza y el ministro de Defensa, Mario Fernández.
Las diferentes versiones sobre la reunión, de cuyo contenido no
se entregó versión, confirmaron las discrepancias.
El portavoz de Gobierno dijo que el Ejecutivo comprende la
preocupación de las Fuerzas Armadas, aunque reiteró que la visión
oficial es que el poder judicial es autónomo. El ministro también
llamó a «todos los ciudadanos y autoridades del Estado a respetar
la resolución del poder judicial».
Mientras tanto, los abogados de Augusto Pinochet y de otros inculpados en violaciones a los derechos humanos así como sectores de la derecha comenzaron una ofensiva jurídica para inhabilitar al juez Juan Guzmán, quien sometió a proceso al ex dictador por los delitos de secuestro y homicidio.
El magistrado -que desde hace tres años instruye las querellas que se han presentado en Chile contra Pinochet- ha acumulado en menos de una semana tres quejas disciplinarias en su contra, un llamado a explicaciones de parte de la Corte Suprema y la posibilidad de ser acusado civil y penalmente.
Al mismo tiempo, desde el ámbito político, el Movimiento Vitalicio Augusto Pinochet, que agrupa a los partidarios más acérrimos del ex gobernante militar, pidió la renuncia del magistrado al caso y anunció la realización de una protesta frente a su domicilio.