Las Fuerzas Armadas de Perú expresaron ayer su apoyo al presidente Alberto Fujimori, mientras la reanudación del diálogo entre el Gobierno y la oposición permanece interrumpido y la situación del asesor presidencial Vladmiro Montesinos es aún incierta. En un comunicado oficial las Fuerzas Armadas, «en cumplimiento del ordenamiento legal y subordinadas al poder constitucional, expresan su acatamiento a la decisión del señor presidente de la República y Jefe Supremo de la República y de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, manifestada en un mensaje la nación el 16 de septiembre último».
Los militares en Perú rompen así un silencio de cuatro días desde que el pasado sábado Fujimori anunció la convocatoria de elecciones anticipadas y la decisión de no presentar su candidatura en lo que fue interpretado como una dimisión en toda regla. El comunicado está firmado por el presidente del Comando General Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército, general José Villanueva Ruesta, y por los generales jefe del resto de cuerpos castrenses y el Director General de la Policía Nacional del Perú.
«No se ha producido ninguna reunión en los últimos día de los señores Comandantes Generales de las Regiones Militares con el señor Comandante General del Ejército, tal como se viene especulando», subraya el pronunciamiento militar. Las Fuerzas Armadas «reiteran su firme compromiso de colaborar con el Gobierno para alcanzar los objetivos trazados, en el marco de la Constitución Política del Perú», agrega el comunicado, emitido a primeras horas de la madrugada de este jueves.
Los jefes del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía de Perú «exhortan a la ciudadanía a mantener la calma y una actitud responsable en momentos trascendentes para el país». Fujimori anunció la convocatoria de elecciones después de que el líder opositor Fernando Olivera difundiera la pasada semana un vídeo en el que se ve como el asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos entrega dinero a un parlamentario en un presunto acto de soborno.