Ayer, poco después de las manifestaciones de alegría de la oposición y de los llamamientos a la unidad, la situación se hizo algo más complicada, con las informaciones contradictorias a propósito del destino de Vladimiro Montesinos, ex hombre de confianza de Fujimori y causante directo de la actual crisis.
Las primeras informaciones difundidas por la oposición indicaban que Montesinos se había atrincherado en la sede del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) de Lima con una veintena de militares. En palabras del diputado opositor Jorge del Castillo, se trataba «técnicamente» de un «intento de golpe de Estado». Sin embargo, poco después, se conocía que la hermana del «hombre fuerte» de Fujimori, Ana Montesinos Torres, había denunciado ante los tribunales que este se encontraba retenido por el Ejército, sin mandato judicial, en la sede del SIN. Según los medios locales, el recurso judicial de habeas corpus está dirigido contra el presidente del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general José Villanueva Ruesta.
Fuentes no confirmadas indicaron que Montesinos fue sacado a la fuerza del sector del SIN donde se había atrincherado para resistir la decisión de Fujimori de desmentelar los actuales servicios secretos, a los que se acusa de haber organizado la compra de diputados de la oposición en el Parlamento.
Por su parte, el líder de la oposición peruana, Alejandro Toledo, que se abstuvo de competir con Fujimori en la segunda vuelta de las presidenciales del pasado 28 de mayo alegando fraude, propuso a los peruanos que construyan una candidatura unitaria de reconciliación y unidad nacional y se manifestó en contra de llevar a cabo una «caza de brujas».
Toledo, que llegó ayer de Estados Unidos y fue aclamado en Lima por miles de sus seguidores, apostó por el trabajo conjunto de las fuerzas democráticas. «No es hora de mirar al pasado», sostuvo el líder del partido Perú Posible al subrayar que «no es prudente iniciar una caza de brujas, ni revanchismos», sino dejar que un Poder Judicial independiente realice su trabajo para sancionar a quienes son denunciados por casos de corrupción y otros delitos.