El Gobierno francés abrió ayer la vía a la futura concesión de importantes poderes a Córcega, sujeta a una doble reforma de la Constitución y al restablecimiento «duradero de la paz civil» en la conflictiva isla mediterránea.
La propuesta del Gobierno del socialista Lionel Jospin fue entregada a los representantes de la Asamblea corsa que, de forma mayoritaria, habían reclamado, en base a un calendario de cuatro años, un poder legislativo propio no controlado por el Parlamento, y una colectividad territorial única, con la supresión de los dos departamentos actuales. Jospin, quien había indicado que quería evitar una reforma de la Carta Magna al no contar con la mayoría necesaria para conseguir su ratificación por las dos cámaras del Parlamento, pone ahora la mirada en el 2004. Es decir, dos años después de las elecciones legislativas y presidenciales, en las que presumiblemente rivalizará con el actual presidente, el neogaullista Jacques Chirac, por el Elíseo.
El plan presentado ayer propone dar a Córcega un «poder de adaptación de medidas legislativas» y la creación de una colectividad territorial única, dos medidas que requerirán sendas modificaciones de la Constitución. El Gobierno subrayó que para esas «revisiones constitucionales» haría falta «el acuerdo de los poderes públicos existentes en ese momento», así como «el restablecimiento duradero de la paz civil» en Córcega. La propuesta, que va mucho más lejos que las anteriores, fue trazada en medio de las veladas amenazas de dimisión del titular de Interior, Jean-Pierre Chevenement, si Jospin daba a Córcega un poder legislativo, porque sería «el fin de la República», y de las amenazas no tan veladas de los nacionalistas de reanudar los atentados.