El Bundesrat (Cámara Alta) se despide de Bonn con una sesión en la que se aprobó la reforma fiscal, las indemnizaciones a los trabajadores forzados del nazismo y la entrada de informáticos de países no comunitarios. Pese a ser la última sesión en la capital provisional, fueron pocos los minutos dedicados a los recuerdos y al valor simbólico del momento, pues más de ochenta puntos del día «guardaban cola» para ser debatidos.
La maratoniana jornada de ayer y última antes de la pausa estival, alcanzó su punto culminante con las discusiones de la reforma fiscal, cuyo resultado favorable a la propuesta del gobierno socialdemócrata-verde no se pudo dar por hecha hasta el momento de la votación. El respaldo de los estados federados «neutrales», aquellos con coaliciones entre conservadores y socialdemócratas, demostró quizás que el Bundesrat mantiene su «espíritu» federal, en el que los representantes priman los intereses de sus regiones por encima de la fidelidad de partido. Los delegados de los dieciséis estados federados dieron unánimemente la luz verde final a la ley de indemnización para los trabajadores forzados del nazismo, con la que Alemania quiere saldar una de las últimas «cuentas pendientes» con su pasado más oscuro.
La Unión Cristianodemócrata (CDU), principal partido de oposición en Alemania, acusó al gobierno del canciller Gerhard Schroeder de haber «comprado» la aprobación del proyecto de reforma fiscal en la Bundesrat. «La aprobación se compró aunque los gobiernos regionales en los que participa la CDU y que votaron por la reforma no me revelaron cuál había sido el precio», aseguró el jefe del grupo cristianodemócrata, Friedrich Merz. Merz estuvo al frente de quienes pedían un rechazo en el Bundesrat al proyecto de reforma fiscal y se había declarado confiado en que todos los gobiernos regionales en los que participa la CDU seguirían su línea.