El instrumento creado ayer, una vez que sea adoptado de forma definitiva, permitirá a los tribunales disolver una secta que sea objeto de una condena penal. Al apuntar explícitamente contra las sectas, el texto supone una medida sin precedentes, no solamente en Francia sino a nivel internacional, ya que la mayoría de los países son reticentes a adoptar legislaciones contra estos movimientos.
La proposición de ley, presentada por el grupo socialista en la Cámara y adoptada ayer en primera lectura por todo el abanico parlamentario, pretende reforzar la prevención y represión contra las sectas. El Gobierno de coalición de izquierdas, que encabeza el socialista Lionel Jospin, no se ha opuesto a la creación del delito de «manipulación mental» propuesto por los diputados y enérgicamente criticado por las sectas y ciertas asociaciones religiosas que juzgan la medida «liberticida».
La ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, calificó la creación de ese delito de «útil», pero propuso «una reflexión adicional» al respecto para «medir mejor el alcance de este texto». «Este nuevo delito me parece útil para permitir mejor a las víctimas ser escuchadas por la justicia, dado que favorece la realización de investigaciones y las medidas de instrucción», indicó Guigou. Sin embargo, se preguntó sobre «la conformidad del nuevo delito con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sobre el alcance de su campo de aplicación». Por ello, Guigou pidió que se sume a la reflexión la Liga de Derechos Humanos y la Comisión nacional consultiva de las libertades fundamentales. Además de autorizar la disolución judicial de las sectas ya condenadas en dos ocasiones por la justicia, esta disposición prohíbe la promoción de estos grupos en los mensajes destinados a los jóvenes. También brinda la posibilidad a los alcaldes de prohibir la instalación de las sectas cerca de las escuelas o de los hospitales, así como de otras instituciones que acogen a personas vulnerables.