En sólo 34 horas y en medio de las protestas de los familiares de las víctimas, el Parlamento chileno aprobó el proyecto de ley que establece reserva de identidad para quienes entreguen información sobre el paradero de los desaparecidos durante la dictadura (1973-1990). La polémica de la iniciativa surgió al dar cobertura a los que informen, ya que al salvaguardarse su identidad los informantes pueden haber incurrido en delito pero éstos quedarán impunes al desconocerse su nombre.
Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado aprobó, por 43 votos a favor y una abstención, la ley que garantiza el anonimato, por un plazo de seis meses, a quienes entreguen información sobre los desaparecidos. El senador de la Democracia Cristiana Jorge Lavandero fue el único en la Cámara Alta que no respaldó esta iniciativa, que es fruto del acuerdo alcanzado la semana pasada, tras nueve meses de trabajo, por la Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos que impulsó el Gobierno.
Antes, y tras cinco horas de un debate interrumpido por los gritos y consignas de medio centenar de familiares de las víctimas que finalmente fueron desalojados del hemiciclo, los diputados aprobaron por 105 votos a favor y cuatro abstenciones el proyecto. Tres parlamentarios de la Democracia Cristiana y uno del socialdemócrata Partido por la Democracia prefirieron no pronunciarse en esta ocasión.