El aislamiento de EE UU en las negociaciones sobre el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha crecido después del anuncio de los republicanos de introducir en el Congreso un proyecto que obstaculiza la cooperación con ese órgano judicial. Estados Unidos intenta obtener enmiendas al tratado de Roma, que en 1998 estableció la creación de este tribunal, que juzgará a los autores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La posición de Washington tiene como objetivo proteger a sus soldados e impedir que se puedan abrir procedimientos en su contra. Esas negociaciones se complicaron con el anuncio de que senadores republicanos introducirían en el Congreso un proyecto para impedir que su país pueda prestar ayuda militar a los países que ratifiquen el acuerdo (excepto a los de la OTAN y algún otro como Israel). Por otra parte, la legislación, que promueven los senadores Jesse Helms y John Warner, busca exigir inmunidad ante el tribunal para todo el personal estadounidense que participe en operaciones de paz de la ONU.