Con opiniones que abarcan desde el respaldo más entusiasta al rechazo tajante recibieron los chilenos el acuerdo alcanzado ayer por la Mesa de Diálogo que durante nueve meses buscó fórmulas para superar las divisiones provocadas por las violaciones de los derechos humanos y en el que el Ejército se compromete a estudiar qué pasó con los detenidos y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet.
La existencia del acuerdo, que según el presidente Ricardo Lagos «no establece una historia oficial», fue confirmada por el ministro de Defensa, Mario Fernández, quien después entregó el texto a Lagos. El acto, al que asistieron los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los máximos representantes de los sectores religiosos, académicos, científicos e intelectuales, se desarrolló mientras afuera de la sede gubernamental se manifestaban en contra del acuerdo los familiares de las víctimas.
«No nos sumamos a ese acuerdo, pues no representa nuestro interés por conocer la verdad y aplicar justicia a los autores de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar», dijo Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Según el acuerdo, la búsqueda de información acerca de los desaparecidos estará a cargo del Ejército, que dispondrá para ello de un plazo de seis meses y cuya tarea será secreta, con reserva absoluta de las fuentes.