El Gobierno boliviano acusó ayer al narcotráfico de pretender desestabilizar el país y de sostener el bloqueo de caminos y la huelga general en Cochabamba, ciudad a la que hoy han llegado unos 10.000 campesinos para sumarse a la ola de protestas. El estallido social en Bolivia, que originó el sábado la declaración del estado de sitio, responde a una «subversión política financiada por el narcotráfico y a una campaña de desinformación que pretende suplantar a las autoridades legítimas y al Estado de derecho», manifestó el ministro de Información, Ronald McLean.
Mientras, la tensión en Cochabamba volvió a agravarse, tras el paréntesis del domingo con la llegada de unos 10.000 campesinos de todo el departamento para unirse a las protestas en esta ciudad, iniciadas por la subida de las tarifas del agua. El Gobierno ha suspendido «por falta de garantías» la visita de una comisión a Cochabamba que pretendía informar a los huelguistas de la retirada del proyecto del consorcio Aguas del Tunari, que había originado las protestas por la propuesta de subida de tarifas.
Según el portavoz gubernamental, en Cochabamba han vuelto «los momentos de tensión y hay asaltos de tiendas», mientras la Coordinadora de Defensa del Agua, que desmiente los actos vandálicos, planteó sus exigencias en una asamblea pública realizada en una plaza céntrica. Entre las exigencias de este movimiento cívico figura la demostración documental de la salida de Aguas del Tunari, una reforma de la ley de aguas para no perjudicar a los campesinos y libertad para los 22 detenidos durante las manifestaciones.
El Gobierno expresó su desconcierto por la nueva marcha de campesinos «que no tiene relación con el problema inicial» y consideró que «están sometidos a un proceso de desinformación» respecto a las consecuencias de la Ley de Aguas. En cuanto a las movilizaciones de campesinos en el altiplano, McLean informó de que el problema «se ha superado en gran medida» tras los graves enfrentamientos.
El conflicto social que vive este país desde hace una semana ha causado ya la muerte de cuatro personas, según la versión oficial, mientras que los medios de comunicación informan de una víctima más. A pesar de que el Ejército ha reforzado a sus unidades en el altiplano, los campesinos de esta región continúan con el bloqueo de caminos.