Los abogados de las víctimas de la dictadura militar (1973-1990) consideran que la petición de desafuero contra Pinochet constituye una «prueba de fuego» para el Gobierno, que para conseguir la liberación de Pinochet recalcó durante su detención en Londres que hay condiciones para procesarle en Chile. El presidente electo, Ricardo Lagos, señaló al respecto que «todos los chilenos somos iguales ante la ley. Los chilenos que tienen inmunidad -puntualizó- tienen que tener previamente un juicio de desafuero y eso lo resuelve un juez, y no el presidente de la República; el rol de un presidente es garantizar que los jueces hagan su tarea».
Para subrayar que los tribunales chilenos están capacitados para aplicar justicia en el proceso a Pinochet, el canciller Juan Gabriel Valdés ha emplazado a los acusadores del general en España, Francia, Bélgica y Suiza a hacerse parte en el proceso. Los familiares de las víctimas anunciaron que presionarán al Gobierno para que cumpla sus promesas una vez que el pasado viernes se produjo la llegada al país del senador vitalicio. «Es la hora de la verdad para el Gobierno y para el Poder Judicial. Es la hora para dirimir quién manda aquí: las autoridades elegidas o el poder militar», afirmó la abogada Carmen Hertz.
Hertz, esposa de un detenido desaparecido y ex directora jurídica de la Cancillería, elogió la decisión relativa al desafuero de Pinochet adoptada por Guzmán Tapia. Este juez especial instruye las 61 querellas que han presentado desde enero de 1998 contra el senador vitalicio partidos políticos, gremios profesionales, sindicatos y familiares de víctimas, que han acusado al ex dictador de delitos tales como homicidios, torturas y secuestros.
De acuerdo con la legislación chilena, el desafuero de un parlamentario debe ser resuelto por el plenario de magistrados que integran la Corte de Apelaciones, y en segunda y última instancia, por el plenario de la Corte Suprema. El proceso puede durar entre un mes y un mes y medio, según las estimaciones.