La Comisión Europea decidió ayer enviar ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) al Gobierno Portugués por no retirar su veto a la operación entre el Banco Santander Central Hispano (BSCH) y el grupo Champalimaud, al considerar que está infringiendo el Derecho comunitario en materia de competencia.
Ya lo había advertido el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, el pasado 13 de octubre: «Esta es la última oportunidad para que Portugal olvide sus discursos y simplemente cumpla sus obligaciones como Estado miembro». Y es que, según afirmó, «lleva cuatro meses ignorando el Derecho comunitario». Dicho y hecho. Bruselas decidió ayer enviar al Gobierno luso al Alto tribunal europeo por vetar la operación entre el gigante bancario español y el grupo portugués.
La Comisión Europea decidió aquel día enviar un dictamen motivado contra el Gobierno portugués -como segunda fase del procedimiento de infracción abierto el pasado 8 de septiembre- por no haber suspendido el veto, y dio un plazo de una semana o para dar una respuesta satisfactoria a Bruselas o para retirar dicho veto. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido y el Colegio de Comisarios ha tomado cartas en el asunto.