La UE se ha comprometido políticamente en una de sus metas más ambiciosas, el espacio judicial común, que deberá vencer al igual que lo hizo el euro o el mercado único el celo de las soberanías nacionales. El Consejo Europeo de Tampere finalizó con la decisión de que el espacio de libertad, seguridad y justicia figure entre las máximas prioridades de su programa político.
Uno de los objetivos de mayor alcance que se fijaron fue el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. La mayoría de los dirigentes reconoció que será un trabajo complejo, porque son decisiones que afectan a la soberanía de los Estados y chocan con las diferentes tradiciones judiciales nacionales. El Consejo Europeo instó a los Estados miembros a que ratifiquen con celeridad los Convenios de extradición de 1995 y 1996. El procedimiento formal de extradición deberá suprimirse entre los Estados miembros, en el caso de personas condenadas por sentencia firme que eluden la justicia y sustituirse por el mero traslado de personas.
Los Quince acordaron avanzar hacia un sistema europeo de asilo, basado en la plena aplicación de la Convención de Ginebra. Aunque rechazaron mayoritariamente cualquier posibilidad de «reparto de cuotas» de refugiados pedido por países como Alemania, Austria o Holanda, sí aceptaron el principio de solidaridad financiera entre ellos.