Los paquistaníes se levantaron ayer con una nueva dictadura militar después de que el nuevo hombre fuerte del país, el general Pervez Musharraf, se hiciera con el poder decretando el estado de emergencia. En Islamabad, al igual que en las grandes ciudades del país, el estado de emergencia fue acogido con calma por una población sin duda cansada de la corrupción generalizada y desenfrenada que reina en el país.
Por otra parte, la primera decisión de los militares fue el anuncio de que el banco central de Pakistán había congelado las cuentas bancarias de Nawar Sharif, de los ex ministros así como de todos los parlamentarios federales o provinciales y de sus esposas. «Mucha gente no quiere la restauración del Parlamento, que habría significado el regreso a las mismas viejas figuras responsables del actual caos en Pakistán», afirmó Jalid Mahmud, un médico de Multan, ciudad de la provincia del Penjab (centro).
Pero «es la ley marcial sin decirlo», declaró por su parte I.A Rehman, un responsable de una organización de defensa de los Derechos Humanos, que hacía referencia a la dictadura del general Mohamed Zia ul-Haq, que impuso la ley marcial en Pakistán de 1977 a 1985. Entre los partidos políticos, las primeras reacciones proceden de la oposición, mientras la Liga Musulmana paquistaní de Sharif, todavía detenido, no ha hecho comentarios oficiales.