La Cámara de los Lores, máxima instancia de la Justicia británica, decidió ayer que el Reino Unido deberá pagar los costos de la defensa del senador vitalicio chileno relacionados con la vista judicial cuyo fallo fue anulado, en la que Pinochet alegó inmunidad soberana como argumento en contra de la extradición.
Aunque la Cámara de los Lores no establece cuál fue el coste del proceso, en medios judiciales se estima que puede alcanzar unos seis millones de libras (1.500 millones de pesetas).
Esta orden de la Cámara de Lores es inapelable y se refiere a cuatro vistas judiciales distintas: una en el tribunal de primera instancia o High Court londinense, el 28 de octubre, y otras tres en el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores. Las cuatro vistas judiciales, celebradas en un periodo de seis meses y en las que intervinieron algunos de los jueces más prestigiosos del país, se centraron en la inmunidad soberana que según la defensa poseía Pinochet, y que impedía que fuera extraditado.
Tras una victoria inicial en la High Court, que reconoció la inmunidad de Pinochet, la defensa sufrió dos derrotas en la Cámara de los Lores, pero la primera, en noviembre, fue anulada, por posible parcialidad de uno de los jueces, vinculado con la organización con Amnistía Internacional. La anulación del dictamen, el 17 de diciembre, comportó una revisión previa de la vista y la celebración de una audiencia en la Cámara de los Lores para anunciar la decisión sin precedentes en la justicia británica.
Un nuevo Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores, compuesto por jueces-lores diferentes a los que presidieron la primera vista, volvió a anular la decisión del tribunal de primera instancia que reconoció la inmunidad de Pinochet.
En esa ocasión, la Cámara de los Lores concluyó, el 24 de marzo pasado, que Pinochet no goza de inmunidad soberana, aunque limitó sustancialmente los cargos por los que podría ser extraditado a España.
El senador vitalicio chileno deberá pagar los gastos de su defensa en esa última vista y en la primera audiencia en el tribunal de primera instancia londinense, quedando exento de las otras dos. Así, según estimaciones, el dictador tendrá que pagar unos 400 millones de pesetas mientras que el resto, 1.100 millones, correrán a cargo de los contribuyentes.