La crisis de la dioxina se extiende ya al sector vacuno, al utilizarse piensos conteniendo este producto cancerígeno. El escándalo, que comenzó en el sector del pollo belga, rápidamente tomó dimensiones europeas y alcanzó al sector porcino, cuando el Gobierno belga decidió cerrar 500 mataderos a la espera de análisis sobre animales presuntamente intoxicados.
La Comisión Europea adoptó ayer medidas de salvaguardia que abarcan todo el ganado procedente de Bélgica que haya podido estar contaminado con dioxina. Las restricciones van a ser extendidas a los productos de porcino y vacuno procedentes de explotaciones que estén sometidas a control por las autoridades belgas y que hayan salido de dichas granjas desde el pasado 15 de enero.
Las medidas afectan a 150 explotaciones en el caso del vacuno y unas 500 en el caso del porcino. Insistió en que no se trata de cerrar explotaciones, sino de una operación de verificación y de tipo preventiva.
Las mismas fuentes comentaron, ante la posibilidad de ampliar las medidas a sectores como el ovino, que «no se puede excluir, pero no hemos recibido información sobre esos sectores». La decisión de la Comisión será adoptada por un procedimiento de urgencia, sin esperar el aval del Comité Veterinario de la UE.
Horas antes, el ministro belga de Agricultura, Luc van den Bossche, informaba de que el control sobre una eventual contaminación con dioxina se extendía también al ganado vacuno para evitar «toda incertidumbre». Sin embargo, las autoridades belgas se apresuraron a aclarar que ello no quiere decir que estos animales estén afectados por la contaminación. Las autoridades belgas investigan todas las pistas que puedan desvelar el origen exacto de la contaminación con dioxina, sustancia considerada cancerígena.
Mientras tanto, el partido político «Vivant» ha presentado una denuncia contra el gobierno belga por «no asistencia a personas en peligro» y «tentativa de asesinato». En una gendarmería de Libramont (sur del país) han presentado como prueba doce huevos comprados en un establecimiento, cuya fecha límite de consumo es el 21 de mayo y han pedido que se analicen para ver si contienen restos de dioxina.