Belgrado rechazó la acusación del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes en la antigua Yugoslavia contra el presidente Slobodan Milosevic y la consideró como parte de las presiones de la OTAN a los dirigentes yugoslavos, que además retrasará la solución de la actual crisis. «Este es un intento de los que se oponen a la solución política y pacífica (del actual conflicto) de oponer resistencia a la ofensiva diplomática (encabezada por Rusia)», dijo el Gobierno yugoslavo.
«Las más recientes presiones (la acusación) contra Yugoslavia incidirán de forma negativa en el curso de las negociaciones en Moscú... lo que era el principal objetivo de Washington», según la agencia oficial yugoslava Tanjug. Uno de los dirigentes de la oposición moderada serbia, Kosta Cavoski, interpretó la acusación como un intento de «echar de las negociaciones» a Milosevic.
El Gobierno yugoslavo, sin embargo, eludió cerrar del todo el camino negociador insistiendo en que este «espectáculo sin sentido no puede reducir el significado y las perspectivas de la iniciativa política y diplomática del presidente yugoslavo ... por detener con urgencia la agresión». El Gobierno federal insistió en su comunicado en que la acusación «sólo prueba una vez más que el Tribunal Internacional para juzgar los crímenes en la antigua Yugoslavia no es ninguna institución de derecho y justicia, sino un mero instrumento para la aplicación de las órdenes de Washington y Bruselas». El Gobierno de Belgrado destacó que la la OTAN pretende «ocultar sus crímenes».