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El Parlamento no acepta la nueva crisis política y exige la dimisión de Yeltsin

La resolución fue apoyada por 243 votos a favor y cuatro en contra, aunque no es vinculante

| Moscú |

EFE - MOSCÚ
La Duma o Cámara de Diputados de Rusia pidió ayer la dimisión de Boris Yeltsin, en la víspera del inicio del procesamiento del presidente ruso por un cúmulo de cargos que «supera con creces» los trágicos años de Stalin. En una declaración horas después de la destitución del primer ministro Yevgueni Primakov, la Duma acusó al presidente de «sumir al país en una crisis de gobierno de imprevisibles consecuencias».

Aprobada por 245 votos a favor y cuatro en contra, la declaración anticipó así algunas de las acusaciones del demoledor informe fiscal que se presentará hoy, jueves, en el Parlamento. «Yeltsin acusado» se titula el informe, preparado por Víctor Iliujin, presidente del Comité de Seguridad de la Duma, como base del «impeachment» o proceso de destitución de Yeltsin, que se abrirá hoy.

Entre otros cargos, el «informe del acusador principal» achaca a Yeltsin «alta traición, usurpación de poder, abuso de autoridad, prevaricación, destrucción de la economía, reducción de la capacidad defensiva del país, descomposición de las Fuerzas Armadas, exterminio en masa y genocidio de los pueblos de Rusia».

El informe consta de 68 páginas, del que se han editado 500 unidades, 450 de ellas para entregar a los diputados en la histórica sesión de la Duma. La Duma examinará cinco cargos concretos contra Yeltsin aprobados previamente por una comisión especial, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución que prevé la destitución del presidente en casos de «alta traición y otros delitos graves».

Pero el aplastante informe de Iliujin, fiscal en excedencia, diputado comunista y líder del Movimiento en Defensa del Ejército, va mucho más allá al afirmar que «en las acciones de Borís Yeltsin hay no sólo algunos indicios de delitos graves, sino que todo su conjunto es suficiente para procesarlo». «Los indicios (son) los decretos anticonstitucionales del presidente, sus actos y omisiones, cometidos con premeditación como por imprudencia, así como las graves consecuencias políticas, económicas, materiales, físicas, territoriales, demográficas, morales y otras», dice el informe.

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