La Unión Europea (UE) tiene claro que en la crisis de Kosovo la prioridad máxima es concentrar el esfuerzo de la ayuda humanitaria en los países limítrofes, que sufren el drama de los albanokosovares expulsados de sus hogares por las fuerzas paramilitares serbias. Pero la división de los Quince sigue siendo patente a la hora de decidir si la acogida de los deportados en los Estados miembros tiene que ser voluntaria o estableciendo una cuota de reparto de la carga, una cuestión que queda abierta para el Consejo de Asuntos Generales.
Los ministros de Interior de la UE, reunidos ayer en Luxemburgo en Consejo, adoptaron las conclusiones de la Presidencia alemana en la que los Quince muestran su acuerdo hacia la necesidad de proveer una protección lo más amplia posible a los refugiados albaneses de Kosovo, a través de una acogida temporal en la región y facilitándoles el retorno a los hogares de los que han sido expulsados.
«Una admisión a largo plazo de los kosovares en países fuera de la región consolidaría el desplazamiento de sus hogares», reza el texto, en el que no se quiere dar al régimen de Belgrado «una señal equivocada». En este sentido, el ministro español de Interior, Jaime Mayor Oreja, insistió que no se puede entrar en la estrategia de deportaciones y de limpieza étnica que está desarrollando el presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, en su propio país.
«Una actuación humanitaria equivocada y mal planteada podría significar un apoyo absoluto, ridículo, al origen de la tragedia que estamos viviendo», apuntó.
Es por este motivo que España, pero sobre todo los representantes de Francia, Reino Unido e Italia, junto a Finlandia, son partidarios de que no se fije una cifra de acogida de refugiados para el conjunto de la UE para después ser dividida en cuotas de reparto nacionales entre los Estados miembros. «La solidaridad no puede nunca estar impuesta», señaló Mayor Oreja, que rechazó «un sistema de cuotas intransigido», pero reiteró su disposición a acoger 7.000 refugiados «desde la voluntariedad».