Las arduas negociaciones entre los ministros de Agricultura de los Quince dieron por fin su fruto en un acuerdo para la reforma de la Política Agraria Común que, según la titular española, Loyola de Palacio, repara las «injusticias» y «discriminaciones» que arrastraba el campo español desde nuestra adhesión a la UE. Las propuestas de modular las ayudas y su decrecimiento fueron descartadas finalmente, pero el Consejo de Agricultura se salto el acuerdo de Petersberg de estabilizar el gasto agrícola en 40.500 millones de euros, lo que puede plantear algún problema para su aprobación en la cumbre de Berlín.
El acuerdo final alcanzado la madrugada de ayer pone fin a varios meses de negociaciones pero no es definitivo, ya que la decisión final deberán tomarla los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre extraordinaria de Berlín los días 24 y 25 de marzo, cuando se ultime el presupuesto global de la Agenda 2000.
Es probable que se produzca algún cambio, toda vez que los ministros de Agricultura de los Quince han acordado un incremento del gasto agrícola de 6.685 millones de euros para el periodo 2000-2006, lo que supone un aumento del 2% con respecto al acuerdo del Ecofin de congelar en 40.500 millones de euros anuales el presupuesto agrícola.
La reacción de los agricultores comunitarios no se hizo esperar y la más contundente se registró en Francia y Alemania, donde campesinas se manifestaron ayer de forma aislada contra el compromiso alcanzado. En España, las organizaciones agrarias acogieron con moderado optimismo los resultados de la reunión de Bruselas.