La presión española ha sido determinante para mantener los avances logrados en la última reunión. No obstante, entre los puntos que permanecen sobre la mesa se encuentra la propuesta de estabilizar en 40.500 millones de euros anuales el gasto agrícola, algo que costará encajar con el resto de la reforma.
La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, reiteró que España no aceptará un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que signifique una reducción del gasto, es decir, ni la congelación ni la reducción de las ayudas. «Si no hay una flexibilidad en cuanto al techo es imposible llevar a cabo una reforma», y señaló que existen otras vías para cuadrar las cuentas como la modulación de las ayudas que reciben los agricultores más ricos.
España, que recibe anualmente entorno a un 11 por ciento del presupuesto total agrícola (4.500 millones de euros), no aceptará ni la congelación del gasto ni el recorte de las ayudas directas que propone Francia, ni tampoco que se eche por tierra el aumento de cuota láctea (550.000 toneladas), el reconocimiento de los rendimientos históricos en el cereal (2'9 toneladas por hectárea) o el incremento de las primas al ternero macho conseguidos en la última propuesta de compromiso de la presidencia comunitaria alemana.