El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y futuro president de la Generalitat gracias al pacto con Vox, Carlos Mazón, ha avanzado este miércoles que una de las primeras medidas en materia educativa será eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos, a la que se ha referido como «Oficina de Policía Lingüística».
Esta oficina la creó el Gobierno del PSOE-Compromís-Unides Podem en 2017 para «velar» por el cumplimiento y la aplicación de la normativa legal sobre el uso de las lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana y canalizar las quejas, sugerencias y consultas de la ciudadanía «por discriminación lingüística». Mazón ha señalado, en declaraciones a la Cadena Cope, que una de las primeras cosas que hay que hacer «con urgencia» es acabar con esa oficina, acabar «con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo», restituir la figura de los inspectores educativos y acabar «el procés a la valenciana», así como «sacar la ideología de las aulas».
El PP, que ha dejado entrever que dirigirá la Conselleria de Educación, ha defendido que garantizará la libertad de elección de centro, pues, según ha afirmado el futuro president, «no hay libertad en la educación pública» en la Comunitat Valenciana y ha destacado que el Consell en funciones tiene medio centenar de sentencias «por discriminación de la educación concertada».
En el programa electoral del PPCV para las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo se recoge el compromiso de garantizar a las familias la libertad para escoger «el centro, el ideario y la lengua que quieran en la educación de sus hijos».
También figura la derogación del actual decreto que regula los conciertos y el refuerzo de la inspección para que sea garante del cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Llei d'us i Ensenyament en Valencià en las enseñanzas no universitarias.
En el programa electoral de Vox se explicita el compromiso de «garantizar la libertad educativa y lingüística y la calidad de la enseñanza sin intromisiones ideológicas», así como el de «desalojar a los activistas y asesores lingüísticos» de las aulas y reforzar la inspección educativa. «Garantizaremos que el español sea lengua vehicular en todas las etapas educativas, eliminaremos toda normativa que atente contra la igualdad educativa entre los menores en las escuelas y eliminaremos el valenciano como requisito en el acceso a plazas de profesorado y personal de la administración», señala el documento electoral de Vox.