El Centre Flassaders acogió el martes por la tarde el debate electoral Quina Mallorca ens ve?, organizado por Joves Arquitectes de Mallorca (JAM), en el que los candidatos de todos los partidos, excepto Vox que no fue invitado, hablaron sobre vivienda, territorio, movilidad y energía. La moratoria a grandes mansiones en suelo rústico o recuperar la Ley Company para legalizar viviendas no inscritas fueron algunas de las ideas lanzadas por los políticos.
Al debate asistieron los candidatos al Consell de Mallorca: Catalina Cladera (PSIB-PSOE), Iván Sevillano (Unidas Podemos), Antoni Salas (El PI), así como el cabeza de lista de Mes per Mallorca al Parlament, Lluís Apesteguia, y Sebastià Sagreras, número 4 en la lista del PP para el Consolat. Eva Pomar, aspirante al Ajuntament de Palma, representó a Ciudadanos.
El territorio centró gran parte del debate. Iván Sevillano, el candidato de Podemos al Consell de Mallorca, propuesto la puesta en marcha «de inmediato una moratoria de la construcción en suelo rústico para las viviendas de lujo y grandes mansiones para evitar el efecto llamada y repensar el uso del suelo rústico». Por su parte, Catalina Cladera (PSIB) advirtió que «en esta legislatura se ha reducido la presión en el suelo rústico». En cuanto a la posibilidad de aumentar la parcela mínima de dos cuarteradas para poder construir, Cladera se mostró a favor de «no alimentar la rumorología. Cada vez que hay un anuncio, hay un aluvión de peticiones de licencias».
Sebastià Sagreras (PP) lamentó que «la culpa del alud de licencias se debe a la inseguridad jurídica y los cambios urbanísticos. Los anuncios consiguen estos efectos contrarios». Sagreras desveló las medidas del PP: «No aumentar más allá de las dos cuarteradas la prohibición para construir y recuperaremos la Ley Company que permitía legalizar viviendas que estaban construidas y no estaban prescritas».
Apesteguia señaló que Més «está a favor de prohibir la construcción en suelo rústico y el uso turístico». Además, propuso que «en los núcleos urbanos, que es donde debe vivir la gente, el 70 por ciento de la vivienda que se construya debe ser social».
Antoni Salas, de El Pi, advirtió que «en la Serra, es una injusticia que se les niegue a los propietarios que puedan llevar a cabo actividades turísticas y deben venderlas». A su vez, Eva Pomar (Cs) se mostró también a favor de mantener la parcela mínima de dos cuarteradas para poder construir en rústico.
La vivienda fue el otro polo de discusión de la tarde. Cladera (PSIB) advirtió que la vivienda debía ser «el quinto pilar del bienestar» y propuso que el Consell invirtiera 40 millones en viviendas para personas vulnerables, así como la creación de suelo para vivienda pública. Sevillano (UP) se mostró a favor de limitar la compra de vivienda por parte de inversores extranjeros, lanzar un impuesto para viviendas vacías y que un gran tenedor lo sea a partir de cinco viviendas y no diez.
Sagreras (PP) abogó por crecer en altura, la división de grandes casales en pisos más pequeños y eliminar el impuesto de transmisiones a los menores de 30 años. Apesteguia se mostró a favor del control del precio del alquiler y advirtió que «proponer la limitación no a extranjeros sino a no residentes, no es una medida xenófoba», tal y como le acusó Sagreras en un momento del debate