El mismo día en que el Congreso de los Diputados avaló por mayoría absoluta la continuación de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, el líder de Vox, Santiago Abascal, pidió al PP que utilice su poder en el Senado para impedir la tramitación de la ley de amnistía. De lo contrario, dijo, la extrema derecha replanteará sus acuerdos con los conservadores tras las elecciones autonómicas y locales del pasado 28 de mayo, incluyendo el caso de Baleares, donde los 'populares' han pactado con Vox para ostentar la batuta en el Govern, el Consell, el Ajuntament de Palma y otros tantos consistorios.
La respuesta del PP no se hizo esperar. Su secretaria general, Cuca Gamarra, descartó utilizar el Senado para echar por tierra el proyecto de amnistía trabajado por socialistas e independentistas, aludiendo al debido respeto a las reglas del juego. «Igual que nosotros exigimos a Pedro Sánchez que se someta a ellas, lo primero que hacemos es someternos». Otra cosa distinta es que los 'populares' faciliten el camino a la amnistía.
El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, apuntó este pasado jueves que tras el cambio de Reglamento de la cámara alta la ley de amnistía del nuevo Gobierno de coalición y los independentistas catalanes se tramitará en dos meses y no en veinte días como estaba previsto antes de la modificación. En este tiempo, afirmó, se pueden programar numerosas jornadas de trabajo para «despertar consciencias».
Maroto señaló que en estos dos meses, por ejemplo, puede acudir al Senado el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, el mismo que en las semanas precedentes ha mostrado prevenciones sobre la medida de gracia para los instigadores del procés e incluso ha pedido por carta información al ejecutivo en funciones sobre esta modificación legal. Precisamente este viernes, el PP ha constituido en la cámara alta un equipo jurídico de trabajo para coordinar el seguimiento de la tramitación de la Ley de Amnistía pactada por el Gobierno y los independentistas catalanes.
Aseguran, además, que la tramitación de urgencia de normas en nuestro ordenamiento comporta una cierta inseguridad jurídica, ya que puede potenciar fallos en la redacción y futuras consecuencias perversas. En el mencionado grupo de trabajo se inscribe un senador balear, Miquel Jerez, que compartirá tarea con otros pesos pesados del grupo 'popular' en el Senado como el propio Javier Maroto, Luisa Fernanda Rudi o José Antonio Monago, entre otros.