El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana (SCC) contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, por la reunión que mantuvo el pasado 4 de septiembre con el expresidente de la Generalitat catalana huido de la justicia, Carles Puigdemont, en Bruselas desde 2017, según un comunicado de SCC.
Esta asociación basó el procedimiento penal contra Yolanda Díaz en base al artículo 408 del Código Penal que precisa que «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
Y según Sociedad Civil Catalana, el TS ha admitido a trámite su denuncia, interpuesta el pasado 8 de septiembre ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones por «faltar a la obligación de su cargo y dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables». SCC considera «fraudulento» el argumento de que la vicepresidenta acudió al encuentro «a título personal» como líder de Sumar, sin representar al Gobierno en funciones del que forma parte, puesto que consideran que «siempre prevalece el cargo institucional que un dirigente político ostenta».
Por lo tanto y en base al artículo 408 del Código Penal, Sociedad Civil Catalana considera que la vicepresidenta faltó a la obligación de su cargo e, «intencionadamente, dejó de promover la persecución de personas encausadas por delitos gravísimos». En opinión de esta asociación, «resulta una obviedad que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, acudió al encuentro con Carles Puigdemont para encauzar la investidura del presidente del Gobierno y negociar con quien fuera presidente de la Generalitat durante el desafío al marco constitucional unas exigencias que atentan contra los intereses de España y del propio Estado de derecho».
Alegan a este respecto que «prueba de que acudió en representación del Ejecutivo en funciones es que la vicepresidenta no fue cesada de su cargo pese a hacer ostentación pública de la 'normalidad' de su largo encuentro con Puigdemont y otros fugitivos por la causa del procés». Según la denuncia de SCC, «la vicepresidenta Yolanda Díaz, cargo del que no puede desprenderse a voluntad y alegar que únicamente interviene a título de líder de Sumar, trató asuntos de estado con un prófugo de la Justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez».
También consideran evidente que, desde Moncloa, pese a su intención de desmarcarse de esta reunión, «hubo de avalarse este encuentro que, con toda seguridad, no se gestó en unas pocas horas». Por ello, insisten en que de ser cierto que desde el Ejecutivo nada se conocía de este encuentro antes de la noche anterior, «la reacción lógica ante estos graves hechos habría sido la de cesar a Yolanda Díaz de sus cargos y no la celebración de sus más que dudosos logros».
En su comunicado, SCC señala que Yolanda Díaz, como vicepresidenta y alto cargo «tiene la obligación de obedecer el ordenamiento jurídico y velar por su cumplimiento». Sin embargo, consideran que «con una actuación sin precedentes en la historia reciente, ha legitimado a un prófugo de la Justicia que ha utilizado todos los medios a su alcance para desprestigiar la imagen internacional de España». A ello añaden que «la vicepresidenta, además de legitimar al secesionismo, dio carta de naturaleza a una serie de exigencias inconstitucionales».
Algo inaudito
El escrito presentado ante el Tribunal Supremo subrayaba que «la reunión del 4 de septiembre, promocionada con toda la pompa y la trascendencia posible entre una vicepresidenta del Gobierno de España con un prófugo de la justicia, cuyo delito principal ha sido atentar contra la integridad territorial de España, es algo sumamente grave que no hace sino evidenciar el poco o nulo respeto de la señora Díaz hacia el cargo que ocupa, con el agravante de que ella, no es otra cosa que, la representante del sujeto soberano, es decir, de España».
Sociedad Civil Catalana concluye que «la conducta de Yolanda Díaz atenta frontalmente contra el interés general de todos los españoles, atenta contra la legislación vigente y contra las resoluciones judiciales existentes». Y añaden que «una vicepresidenta se reúna con alguien reclamado por la justicia es algo inaudito y supone una evidente deslegitimación de las instituciones del Estado».
Añade que ha proyectado una «imagen lamentable» de España en el exterior ya que «es paradójico» que desde el poder judicial se persiga al responsable de la «mayor fractura» entre españoles de los últimos años y que, desde las mismas instituciones del Estado se promocionen reuniones con «dicho sujeto en busca de su beneplácito para una futura investidura a cambio de cesiones del todo inconstitucionales y que no hacen sino llevar a España a la decadencia». Por todo ello, en defensa de los intereses de España y de los españoles, Societat Civil Catalana, a través del despacho de abogados Chapapría-Navarro & Asociados, decidió proceder penalmente contra la vicepresidenta Yolanda Díaz y contra las personas que, tras la investigación, resulten responsables de los hechos denunciados.