Las instituciones europeas han empezado a examinar la solicitud de España para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea (UE), un proceso que podría demorarse años hasta lograr el estatus completo como ya le sucedió al gaélico. «El Consejo ha recibido una carta del Gobierno español y la examinará», dijo una fuente europea este jueves. La carta del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solicita al Consejo, la institución que representa a los países de la UE y que España preside durante este semestre, que incluya este asunto en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales, un encuentro que reúne a los titulares de Asuntos Europeos de los Estados miembros y se celebrará en Bruselas el 19 de septiembre.
Todavía no está claro en qué punto llegará la petición para esa reunión del próximo 19 de septiembre: si ese día sería objeto de un primer debate político entre los ministros o se produciría ya una votación. El voto final debe superarse por unanimidad. Convertir el catalán, euskera y gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea supondría traducir a estos idiomas no solo los tratados y toda la documentación y legislación que se produzca a partir de ahora, sino también todo el acervo de los últimos 65 años de proyecto europeo, desde directivas a sanciones pasando por reglamentos o acuerdos interinstitucionales. La inmensa mayoría de las 24 lenguas oficiales en la Unión Europea lo son a través de la entrada de su Estado miembro en el club comunitario: fue el caso del español en 1986, el inglés en 1973 o el francés, alemán, italiano y neerlandés desde la fundación de la entonces Comunidad Económica Europea (predecesora de la actual UE) en 1958. Es en ese año cuando se aprueba el reglamento que contiene todas las lenguas oficiales de la Unión Europea y que se ha ido enmendando cada vez que un país se convertía en socio y su idioma principal, en oficial para Bruselas.
La excepción notable a esta regla es el caso del gaélico, que con la adhesión de Irlanda a la Unión Europea en 1973 se convirtió en una lengua de tratado en lugar de lengua oficial: esto implicó que solo los tratados y ningún otro documento o legislación comunitarios se tradujeron entonces al gaélico. En 2005, Irlanda solicitó que el gaélico alcanzase el estatus de lengua oficial, lo cual fue aprobado en 2007. Sin embargo, al constatar que había un número limitado de traductores y recursos tecnológicos en gaélico se decidió que no todos los documentos se tradujeran en ese momento con una derogación temporal especial que caducaba en 2022. Dicha derogación empezó a retirarse en 2015 a petición de Irlanda a medida que la capacidad de traducción al gaélico en los organismos comunitarios ha ido incrementándose y desde 2022, 17 años después de que Dublín pidiera convertirlo en idioma oficial, es una lengua con estatus completo ante las instituciones europeas.
¿Y en el Parlamento Europeo?
En 2022, el Gobierno español remitió al Parlamento Europeo una petición para que el catalán, euskera y gallego pudieran usarse en los plenos de la institución, una solicitud para la que la Mesa de la Eurocámara lleva meses esperando un informe de los servicios parlamentarios sobre las implicaciones que tendría para su día a día, desde los departamentos de traducción e interpretación hasta los de infraestructuras o finanzas. El proceso para convertir a estas tres lenguas en idiomas oficiales de la UE no tiene que ver con el abierto en la Eurocámara y va más allá de lo que solicitaba Madrid en 2022. El Parlamento Europeo tampoco se pronuncia sobre si una lengua debe ser o no oficial en la UE, ya que esa competencia recae totalmente en el Consejo (los países).
Los precedentes
En 2005, el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, envió una carta a las instituciones europeas ofreciendo firmar convenios para que se pudieran usar las lenguas cooficiales españolas, incluido también el valenciano. Se consiguieron entonces en todas las instituciones salvo el Parlamento, donde la petición creó «una discusión política muy fuerte» -según recuerdan fuentes de la Eurocámara- y la Mesa del Parlamento, con mayoría de populares y liberales, lo trató al menos tres veces con Josep Borrell como presidente de la institución empujando por el sí. Había entonces un español en la Mesa, el popular Alejo Vidal-Quadras, que emprendió una campaña en contra e impidió que se aprobase por un escaso margen, recuerdan fuentes parlamentarias. La Eurocámara argumentó que era el año posterior a la mayor ampliación de la Unión Europea hasta la fecha y que estaba teniendo problemas para ofrecer la interpretación a las nuevas lenguas que sí eran oficiales. Sí que se reconoció por escrito el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Eurocámara en estas lenguas y se previó revisar la decisión al año siguiente, algo que nunca se llegó hacer.