Crida per Palma y la CUP Capgirem Barcelona han celebrado este viernes una reunión de trabajo en Palma de cara a las elecciones del 26 de mayo y han coincidido en la necesidad de frenar el turismo masivo, limitar el número alojamientos turísticos y «combatir el fascismo».
Crida per Palma y la CUP han defendido con firmeza que «no se pueden conceder» más licencias turísticas de ningún tipo, ni permitir nuevos hoteles porque «ya hay demasiados».
■ Listas de candidatos al Ajuntament de Palma
La reunión de ambos partidos se ha celebrado en Can Alcover y han asistido la candidata de la CUP Capgirem Barcelona al Ajuntament de Barcelona, Anna Saliente; la concejala de la de CUP Capgirem Barcelona, Eulàlia Reguant; Manel Domènech, cabeza de lista de Crida per Palma; y Marc Cerdà, número cuatro la lista de la CUP Capgirem Barcelona.
En declaraciones a los periodistas, Saliente se ha referido a la situación de «emergencia» que supone la falta de vivienda en Barcelona y Palma, una «problemática» que tiene que ver con el actual modelo turismo.
Ambas formaciones también han hablado de la necesidad de «combatir el fascismo y la extrema derecha», que están intentando «asaltar» las calles y las instituciones.
■ Lista de candidatos de Crida Per Palma al Ajuntament de Palma
Por su parte, la concejala Eulàlia Reguant ha comentado los problemas comunes que tienen ambas ciudades por sus coincidentes modelos económicos y turísticos. Reguant ha apostado por «recuperar la gestión» pública de infraestructuras de aeropuertos y puertos y afrontar un necesario proceso de descarbonización en un contexto de crisis climática y ecológica.
La concejala ha sostenido que el proceso de «turistificación» de destinos como Palma y Barcelona responde a los intereses económicos de élites y grupos de presión que «precarizan nuestras vidas y expulsan a los vecinos de la ciudad». Además, ha apostado por «prohibir» de manera definitiva el alquiler turístico en ambas ciudades. «El decrecimiento turístico no es una opción, es una necesidad», ha subrayado.
Por otra parte, Reguant ha mantenido que no se puede «criminalizar» la okupación de pisos, que responde a una «necesidad» porque las administraciones públicas no están garantizando el derecho de los ciudadanos a habitar una vivienda.
En este contexto ha mantenido que los pisos vacíos de las ciudades deben expropiarse y deben figurar en un parque público de viviendas para atender las necesidades de los ciudadanos.