La Junta Electoral de Bizkaia ha decidido enviar a la Fiscalía una denuncia del PSE-EE sobre una monja que supuestamente robó el voto de varias ancianas a favor del PP en un colegio de Bilbao durante las elecciones generales del pasado domingo.
Según ha informado el Partido Socialista de Euskadi en una nota, la Junta Electoral Provincial ha aceptado esta tarde la petición hecha por este partido de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si fuesen constitutivos de delito.
Según denunciaron inicialmente dos apoderados de Elkarrekin Podemos en un colegio electoral de la capital vizcaína, una monja fue descubierta el pasado domingo metiendo papeletas del PP en los sobres de votación de varias ancianas de la residencia de La Misericordia a las que acompañaba, que le habían solicitado que introdujera en el sobre papeletas de otras candidaturas diferentes.
Durante el escrutinio general realizado este miércoles en el Palacio de Justicia de Bilbao, y en el momento en que se iniciaba la revisión de los datos de la Mesa 8.16.A del colegio electoral de La Misericordia, donde se produjeron los hechos, el representante del PSE-EE, Ekain Rico, ha solicitado la apertura del acta de esa mesa, que recoge lo ocurrido, y ha pedido el traslado del documento a la Fiscalía.
Tras una deliberación de la Junta Electoral, el presidente de la misma ha comunicado que aceptaba la petición de los socialistas y daba trámite de la misma al Ministerio Fiscal para la comprobación de los hechos, según el PSE-EE.
En el acta, que identifica nominalmente a esta monja, según los socialistas, se reproduce lo ocurrido durante la jornada electoral y se recoge que esa persona fue descubierta introduciendo papeletas del PP en los sobres de votación de varias ancianas sin tener en cuenta la preferencia de voto que éstas le transmitían.
Tras remarcar que el PSE-EE ha actuado «con responsabilidad», Rico ha indicado que la Fiscalía comprobará ahora los hechos y «depurará la responsabilidad penal derivada de los mismos en el caso de que la hubiera».
Ha recordado que legislación electoral establece que la alteración por un particular de una papeleta electoral elegida por un elector puede acarrear incluso la pena de prisión de seis meses a tres años.