Además, en cuanto a la inscripción en el padrón, los populares quieren que se considere «nula» cuando la persona ocupa ilegalmente la vivienda.
Los populares prometen en su programa reforzar el delito de usurpación de viviendas, que pasaría de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años y pretenden realizar una modificación en el Código Penal, con el objetivo de luchar contra las «mafias de la ocupación».
El PP busca también agilizar los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas, reformar los procesos civiles para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer sus derechos con la misma agilidad que las físicas y reforzar los medios al alcance de las comunidades de propietarios para mejorar la convivencia vecinal.
Sin embargo, el PP destaca que las medidas legislativas que propone no afectarían a los «desahucios hipotecarios ni arrendaticios». En este sentido, de acuerdo con el programa, el PP luchará contra la delincuencia y la ocupación ilegal, no contra «aquellos que están en una situación precaria».
Por otro lado, contempla suprimir el delito de coacciones en casos de cambios de cerradura, cortes de luz u otras que los propietarios «ensayen», sin autorización judicial, con el objeto de recuperar la posesión de la vivienda «usurpada».
Además, el PP eliminará las subvenciones públicas a las entidades, asociaciones y grupos que apoyen la ocupación de viviendas y dedicará más esfuerzos a prevenir la ocupación de viviendas y vigilar los pisos ocupados ilegalmente, además de elaborar una Estrategia de Seguridad contra el vandalismo urbano.
En cuanto a las ayudas sobre la vivienda, es partidario de incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de alquiler que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos.
Además, favorecerá el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, con el objetivo de facilitar el alquiler a los jóvenes.
El PP propone, por otro lado, sistemas de arbitraje para resolver los conflictos entre propietarios e inquilinos.
También busca impulsar la oferta de vivienda nueva para alquiler asequible, con fórmulas de cooperación público-privadas, destinadas «prioritariamente» a familias con hijos y promover las zonas rurales con escasa población con ayudas adicionales a la rehabilitación para los propietarios que ofrezcan sus viviendas al alquiler.
Otra de las medidas pasa por facilitar los ajustes de edificabilidad y los usos del suelo y sustituir la licencia por la declaración responsable para reducir plazos y tramitaciones.