La Junta Electoral de Palma y la de Manacor han remitido sendas resoluciones para prohibir las autorizaciones municipales para permitir las consultas populares sobre el modelo de Estado, entre monarquía o república, de Valldemossa y Artà. En los dos casos, la Junta, hace referencia a distintos artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). De momento, tanto los organizadores como los ayuntamientos de Esporles, Llubí, Pollença, Porreres, Santa Margalida o Sencelles no han recibido aún ninguna notificación que les inste a suspender las autorizaciones municipales para permitir las consultas previstas en sus municipios para el primer fin de semana de abril.
En la resolución remitida al Consistorio artanenc, la Junta Electoral indica que «la consulta popular que pretende realizar, no solo supone una infracción de la LOREG (artículo 50) sino de la propia Constitución Española que excluye la república como forma de gobierno». El artículo 50 prohíbe actos con el apoyo por poderes públicos. El texto también indica que «no se pueden admitir solicitudes de consulta en las que la opción a escoger resulta contraria al ordenamiento jurídico ni en los períodos comprendidos entre la convocatoria y la celebración de elecciones de diputados y senadores en las Cortes Generales».
Los organizadores, principalmente entidades locales pero también formaciones políticas de ámbito local (en Pollença, Valldemossa, Sencelles y Artà), se han estructurado de distintas maneras en cada municipio. Así, en algunos pueblos, Valldemossa, Porreres o Esporles, se ha solicitado un puesto municipal en el mercado o en la plaza del pueblo.
La consulta de Valldemossa debía ser la primera en celebrarse. Prevista para el 31 de marzo, estaba acompañada de una mesa redonda a celebrar el 30 de marzo en el museo municipal, y que la Junta Electoral tampoco autoriza en función del artículo 53 (sobre propaganda electoral y actos de campaña).
Los organizadores valldemossins señalaron este viernes que presentarán recurso.
Por su parte, el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis, manifestó que «parece que se ha perdido la medida de las cosas. Nosotros sólo participábamos en la consulta con la delegación de Artà, pero tras la prohibición nos replanteamos nuestro papel, porque desde 1962 siempre hemos estado al lado de la democracia», en relación a una mayor implicación en las consultas. De Luis, que es abogado de profesión, señaló que «dudamos de que la Junta Electoral tenga competencias sobre lo que prohíbe y deja de prohibir la Constitución. Además, el artículo 50 de la LOREG hace referencia a las limitaciones y prohibiciones de los poderes públicos, y tanto la OCB como el resto de entidades locales no tenemos este estatus».