Como es bien sabido, la industria principal de Balears es el turismo. Por tanto, todos los ciudadanos, directa o indirectamente, nos beneficiamos de ello. En este sentido, los medios de comunicación nos recuerdan que el crecimiento del negocio turístico, va viento en popa. No en vano, de acuerdo con el Informe Perspectivas Turísticas Balance Empresarial del 2023, auspiciado por Exceltur, en el que también se hace un análisis de las expectativas del sector para el 2024, señala que éstas se sitúan entre las más positivas de España, con una variación al alza del 8,9% en relación a 2023, ejercicio en el que ya se experimentó un crecimiento del 9,9% frente al año anterior. Sin embargo, dicho crecimiento, no se traduce en un mayor bienestar para los ciudadanos de Balears. En este contexto, hay que recordar que el año pasado, el Archipiélago acabó con el mes de agosto, situándose como la economía en la que más creció el empleo y más se redujo el paro, respecto al año 2022.
Con todo, un año más, todo apunta que habrá dificultades para cubrir todas las demandas laborales que se generan cuando se acerca la época estival. Y es que el elevado precio de la vivienda es el principal motivo por el cual muchos perfiles profesionales ya no se trasladan a Balears. Se trata de un problema especialmente dramático, no solo para las familias más vulnerables, sino también para los jóvenes, los cuales no pueden emanciparse del todo, a pesar que puedan tener un trabajo estable. De acuerdo con el Consell de la Joventut de les Illes Balears, dicho colectivo debe de dedicar el 108% de su salario al alquiler y casi el 100% a la hipoteca. Por todo ello, no debemos olvidar que, actualmente, la vivienda representa un importante factor de integración social, y las carencias en este ámbito, pueden convertirse en la causa que desencadene los procesos de exclusión. En este sentido, la garantía del acceso a la vivienda, como derecho universal y componente fundamental del bienestar y la autonomía de los ciudadanos, no ha sido asumida como una obligación por parte de los diferentes partidos políticos, lo que ha comportado que, a lo largo de los años, se haya ampliado la brecha social. Y es que en los últimos treinta años solo se han construido 1.756 pisos protegidos para arrendar.
Por otra parte, según el estudio impulsado por Observatori Social de les Illes Balears, «Habitatge i exclusió residencial a les Illes Balears», el Archipiélago es una de las comunidades con el precio más elevado de la vivienda, sólo después de Madrid, situándose en el segundo trimestre de 2023 en 3.214€/m2. Respecto a las capitales de provincia, Palma se sitúa en cuarta posición, por detrás de San Sebastián, Barcelona, y Madrid. Asimismo, el mismo estudio pone de relieve que las dificultades de acceso a la vivienda también se evidencian a través del endeudamiento hipotecario, que ha continuado creciendo en el 2023, siendo Balears la segunda comunidad con mayor importe por detrás de Madrid y seguida por el País Vasco y Cataluña. En cuanto al volumen de endeudamiento hipotecario en los últimos doce meses, Balears ocupa el primer lugar. Y es que no hay que perder de vista el hecho de que actualmente los bancos financian hasta el 80% del coste de la vivienda implica que las personas solicitantes del préstamo deban aportar el 20% restante, además de cubrir los gastos relacionados con el proceso hipotecario y los impuestos asociados. Consecuentemente, este escenario representa un desafío considerable para numerosas personas, sobre todo para aquellos más jóvenes.
Por tanto, la falta de vivienda asequible es un problema de todos. Se requiere, cuanto antes, una respuesta por parte de las políticas públicas y que se prioricen las actuaciones que garanticen el derecho a una vivienda, dado que el inmovilismo comportará que la brecha social en Balears se amplíe más.