No es la primera vez que aprovecho estas páginas de El Económico para referirme a la injusticia que supone para las empresas de nuestra comunidad que la bonificación al transporte marítimo de mercancías con origen o destino a nuestras islas, (el hecho insular es una desventaja estructural permanente) que fija el Real Decreto 1034/1999, incluya una disposición adicional primera que determina que la cuantía de dichas ayudas estará limitada a la norma comunitaria del minimis, es decir a 200.000€ trianuales.
Esta cuestión se ha tratado con los responsables de la Dirección General de la Competencia de la UE sin que se haya conseguido resolver positivamente este problema. La tesis que defendemos desde Balears es que las subvenciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías no pueden considerarse en ningún caso ayudas operativas que distorsionen la competencia entre las empresas de los estados miembros, sino más bien al contrario, son ayudas imprescindible para poner en pie de igualdad a las empresas ubicadas en territorios insulares con sus homónimas del continente.
Quiero subrayar que el anterior Govern de la comunidad trabajó con sumo interés esta cuestión y que el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hizo lo propio ante la UE. Pero lo cierto, repito, es que esta justa reivindicación, que cuenta, no me cabe ninguna duda, con el soporte del actual Govern, (el Partido Popular la ha apoyado en todo momento) y de todas las restantes fuerzas políticas y entidades socio-económicas insulares, sigue sin resolverse. Este hecho perjudica gravemente la competitividad y la cuenta de resultados de la gran mayoría de nuestro tejido productivo y, particularmente, afecta a las industrias que por su volumen operativo están topadas y no pueden beneficiarse en su integridad del sesenta por ciento de la bonificación que fija el decreto ley.
Escribo, de nuevo, sobre esta cuestión porque la actual presidencia de España de la UE es una oportunidad para que la ministra Raquel Sánchez o el propio presidente Pedro Sánchez intenten plantear a sus colegas comunitarios la necesidad de que el minimis no sea de aplicación a las ayudas al transporte de mercancías que los estados miembros puedan otorgar a sus territorios insulares. En definitiva, se trata de que la Comisión Europea trasforme en norma jurídica la recomendación del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre las islas de la unión y la política de cohesión. Esta, en su apartado 81: «Pide (...) que se supriman los límites de minimis para las islas...», y en su apartado 83: «Observa que la actual norma de minimis restringe la competitividad y plantea dificultades en las islas (... y) opina que todas las islas de la unión deben quedar exentas de los límites aplicables de la norma de minimis...». Por último, cabe la posibilidad alternativa, caso de que la propuesta española no cuente con el quorum necesario de los demás países de la unión, de elevar, para este tipo de ayudas, el techo del minimis en torno a los 400.000/500.000 euros anuales.