Como se ha venido afirmando desde el minuto uno en que el Consejo de la UE habilitó una partida de 750.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia del coronavirus, los fondos Next Generation destinados a nuestro país, 140.000 millones, de los cuales 70.000 a fondo perdido, son la gran palanca, a modo de un Plan Marshall europeo, para superar la crisis económica derivada de la COVID-19, que en 2020 produjo una contracción de nuestro PIB del 10,8%.
Esta ingente cantidad de recursos cuyas entregas por parte de la UE, no lo olvidemos, están condicionadas a que España acometa las reformas acordadas con Bruselas (una de ellas, la reforma laboral, aprobada in extremis por error de un diputado del PP) tienen como finalidad reparar; 1) los «destrozos» producidos por la pandemia y, 2), pero no menos importante, acometer las reformas necesarias para modernizar nuestro país y hacerlo social y económicamente más sostenible.
Esta doble tarea es un reto histórico que el Gobierno debe asumir. De hecho, ya lo corroboró la ministra portavoz al afirmar que «estos fondos son una oportunidad de país, y quién no quiera verlo así es que está ciego». Pues bien, la responsabilidad de que estos recursos se dirijan a la economía real viabilizando proyectos de inversión que incrementen la productividad de nuestro tejido empresarial es, fundamentalmente, tarea del Ejecutivo al asumir prácticamente en solitario, y no a través de una comisión ad hoc formada por expertos independientes como se ha hecho en otros estados miembros, la distribución y adjudicación de estos fondos.
Así las cosas, a las administraciones públicas se les debe exigir pues que gestionen de forma eficiente y transparente estos fondos europeos. Eficientes, en un doble sentido; en primer lugar, motivando a la iniciativa privada para que presente proyectos de inversión transformadores en ámbitos, como, por ejemplo, ecología, digitalización, investigación, salud, sostenibilidad, formación, etc. y, en segundo lugar, demostrando de que el aparato administrativo del Estado, en contra de la idea de una parte importante de la opinión pública y publicada, sabrá gestionar estos recursos con rigor y objetividad.
No obstante, es lógico que exista este recelo al que acabo de hacer referencia porque 2021 no es un buen ejemplo de esta eficiencia que reclamamos al equipo de Gobierno de Pedro Sánchez. La propia vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido que a lo largo del pasado ejercicio España ha gestionado y distribuido menos de la mitad de los fondos NNGG de los inicialmente previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Esperemos que este año no ocurra lo mismo porque es sabido de que la eficiencia del aparato del Estado es fundamental para la mejora de la competitividad, el bienestar y el progreso del país.
En cuanto a la transparencia estaría bien, como afirmaba hace unos días La Vanguardia en su editorial, «que el Gobierno pusiera a disposición de los ciudadanos una lista pública y accesible de los proyectos y las inversiones que se financian con el dinero europeo, así como de sus beneficiarios». Espero que los responsables políticos tomen buena nota esta petición que personalmente suscribo.