A medida que se empieza a pensar en la conveniencia de que la pandemia de la covid se trate como una endemia y se normalicen nuestras vidas, también desde el plano económico empieza a decantarse la visión de que la emergencia debe dar paso al retorno a la normalidad y la ortodoxia. Pero no todo el mundo parece estar de acuerdo ni igualmente preparado para afrontar el retorno a la normalidad.
El tratado de Maastricht aprobado en 1992 fue un hito para la construcción europea, ya que supuso pasar de un mercado común a una Unión Económica y Monetaria (UEM) en la que los países miembros compartirían moneda y políticas económicas comunes. La Unión Monetaria (UM) suponía ceder la potestad de emitir moneda propia y desarrollar una política monetaria autónoma en favor del Banco Central Europeo (BCE). A cambio de compartir una moneda fuerte con sus vecinos del sur de Europa, los países del norte pactaron como contrapeso unas normas fiscales que disciplinaran a los gobiernos del sur tradicionalmente más laxos a la hora de mantener un rigor presupuestario. La Unión Económica (UE) se plasmó en el compromiso de no superar un déficit público superior al 3% del PIB y un nivel de endeudamiento público inferior al 60% del PIB o convergente hacia dicha cifra.
El principal documento que reguló la Unión Monetaria fue el Estatuto del BCE donde se indicaba que su principal objetivo era no superar una inflación del 2% y su principal limitación era no monetizar deuda gubernamental. Por su lado, la Unión Económica tuvo como guía maestra el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que establecía como principal objetivo la estabilidad presupuestaria y como principal limitación no superar el 3% del déficit en términos de PIB. En caso de superar tal cifra, los países se enfrentaban a un régimen de multas y sanciones, como únicas e improbables excepciones los desastres naturales o caídas pronunciadas e inesperadas del PIB. Nadie preveía que nos enfrentaríamos a crisis tan profundas como la de 2008 o la actual, en la que se han tenido que suspender las reglas fiscales por ser de imposible aplicación para casi todos los estados miembros.
La covid supuso para el BCE renunciar temporalmente a sus dos grandes pilares, el control de la inflación y la monetización de la deuda pública, por el objetivo mayor de evitar una depresión económica. Igualmente, la Comisión suspendió las reglas fiscales permitiendo déficits superiores al 3% y crecimientos del nivel de deuda prácticamente sin límite. Sin embargo, tanto el BCE como los países del norte pertenecientes a la UEM quieren iniciar el proceso de desescalada y normalización económica. En España seguimos creyendo que podemos y debemos cambiar las reglas fiscales bajo el convencimiento de que ya nada es igual que antes, pero los gobiernos del norte, encabezados por el nuevo canciller alemán, no parecen estar de acuerdo.
En el fondo subyace que casi todos los países europeos se han recuperado rápidamente y ya registran cifras de PIB similares a la prepandemia, mientras que España es el más rezagado, con peor desempeño y que muy posiblemente no alcance las cifras de prepandemia hasta 2023. Igualmente, España ha sido el país con mayor incremento de deuda pública en términos de PIB y con un déficit más preocupante. No es de extrañar que queramos una prórroga, un cambio de reglas y más fondos europeos y que nuestros socios europeos empiecen a esgrimir el PEC y sus reglas fiscales que pactaron en su momento con países tradicionalmente incapaces de mantener su rigor presupuestario y que no parecen haber cambiado tanto.