El Banco de España considera que la vulnerabilidad de la población en el acceso al efectivo es baja en “gran parte” del territorio español, pero advirtió de que existen aproximadamente 1,3 millones de ciudadanos que se encuentran en una situación “que puede considerarse vulnerable” tras los cierres de sucursales bancarias.
Dicha cifra equivale a un 3% de la población según detalla en un informe publicado por el organismo este miércoles, donde explica que la infraestructura tradicional de acceso al efectivo en España es “amplia” y tiene una cobertura “generalizada”, pero necesita impulsar soluciones alternativas para garantizar el acceso al efectivo ante la “previsible” reducción de oficinas y cajeros automáticos derivada del “incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito”.
Esta conclusión se divulga en un periodo de consolidación dentro del sector financiero, “que ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable”. En los últimos meses, diferentes entidades apostaron por fusionar sus estructuras para garantizar la viabilidad económica de su negocio, y han dado lugar a una serie de sinergias que han concluido con Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y cierre de sucursales.
Ahora, el Banco de España pide implementar otras soluciones, aunque admite que, “por sus limitaciones actuales, no pueden sustituir completamente el abanico de servicios que prestan dichos canales”. Entre dichas alternativas, el organismo apuntó a las oficinas móviles, agentes financieros, el uso de las oficinas de Correos y la retirada de efectivo en un establecimiento comercial.
El estudio lo realiza con datos cerrados en el 2020, cuando el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos se situó en 22.299 y en 49.481, respectivamente. Desde el 2008, el número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50% y el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20% por el profundo proceso de consolidación del sector.
Aún, así la infraestructura existente a finales del pasado año implica que aún hay 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español. Sin embargo, el Banco de España señaló que la distribución geográfica de los cajeros y sucursales es “heterogénea” a nivel regional y da lugar a múltiples desigualdades.
“Ello implica que una parte de la población, que vive en zonas con menor densidad, carece de un punto de acceso al afectivo en su municipio y en un radio de cinco kilómetros. En caso de un hipotético cierre de algunos puntos existentes, la población afectada sería sustancialmente mayor”, prosigue el Banco de España.
Según el organismo, estas diferencias territoriales se explican en la menor densidad de población de una región, así como la orografía del territorio. Como consecuencia de estos factores, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país ha sido menor y se ha tenido que ver compensada, en parte, por soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles.
En este contexto, la mayor parte de la población española vive en localidades con un nivel bajo o muy bajo de vulnerabilidad, pero, aproximadamente un 3% de los ciudadanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad media o alta en términos de acceso al efectivo.
En concreto, alrededor de 340.000 personas viven en municipios con una vulnerabilidad alta (un 0,7 % de la población española). Estos municipios se caracterizan por no contar con puntos tradicionales de acceso al efectivo, la distancia media al más próximo es de 9,4 kilómetros, la población mayor de 60 años supera el 40 % del total y la renta disponible está por debajo de la media nacional.
En líneas generales, son municipios pequeños, con una población media de 400 habitantes. Las provincias de León, Salamanca y Zamora concentran la mayor parte de la población en municipios considerados de muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo.
En paralelo, cerca de un millón de ciudadanos viven en municipios con una vulnerabilidad media en el acceso al efectivo. En proporción, cuentan con 0,6 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes, la distancia media es de tres kilómetros, el porcentaje de población mayor de 60 años supera el 35% del total y la renta disponible está por debajo de la media nacional.
El tamaño medio de estos municipios es, aproximadamente, de 1.700 habitantes. Las provincias gallegas de Lugo, La Coruña y Orense concentran cerca del 24% de la población de los municipios considerados de vulnerabilidad media.