La resiliencia parece estar de moda. Se trata de un concepto de múltiple interpretación que hace ya décadas que se utiliza en la economía medioambiental y que da nombre al fondo europeo en que muchos depositan sus esperanzas: el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR). Es una declaración de intenciones de la Comisión Europea sobre cómo debe ser el proceso de salida y recuperación de esta crisis.
El concepto de resiliencia está asociado a la capacidad de adaptación a situaciones adversas (psicología) o en el caso de los materiales a la capacidad de recuperación de su estado inicial tras una perturbación. En medioambiente, la resiliencia se asocia a la capacidad de un ecosistema para mantener sus funciones y procesos ecológicos ante tensiones. La resiliencia permite medir la sostenibilidad de un ecosistema al estar cuantitativamente relacionada con su biodiversidad. Por ejemplo, si todos los agricultores de una región abandonan sus variedades locales por una única variedad foránea más productiva de maíz aumentarán su cosecha, pero con esta elección también aumentarán su vulnerabilidad ante una hipotética plaga al desechar las variedades locales más adaptadas al territorio.
En economía, la resiliencia también se asocia a la capacidad de recuperación ante shocks económicos como el vivido con la COVID. Algunos estudios como el Índice de Complejidad Económica del MIT destacan que los países con mejor desempeño ante la crisis han sido los países donde el capital humano y la innovación tienen un mayor peso, permiten un mayor grado de diversificación económica y productos de mayor valor añadido. Por el contrario, la especialización económica permite mejorar la competitividad de un sector pero incrementa la vulnerabilidad de un territorio, tal y como le ha ocurrido a España (y muy especialmente a Balears) con su sector turístico.
El Fondo de Recuperación y Resiliencia Europeo (FFR) está dotado con 750.000 millones de euros de los que corresponden a España 140.000 millones. Este fondo pretende alcanzar una recuperación a corto plazo de los países más afectados y dotarles de una mayor resiliencia a medio y largo plazo, especialmente en el caso de los países con peor desempeño en la crisis. Para alcanzar este segundo objetivo los países deben presentar un Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) en el que se contemplan, por un lado, proyectos de alto valor añadido en sectores emergentes que diversifiquen la economía, y por otro lado, un conjunto de reformas económicas ligadas a la obtención de fondos. Hasta ahora los medios han prestado mucha atención a la presentación de proyectos y ayudas dejando en un segundo término las medidas o reformas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema (resiliencia) a medio y largo plazo.
España ya mostró una lenta y escasa capacidad de resiliencia en la Gran Recesión de 2008. Esta triste situación ha permitido que nuestro país haya sido uno de los grandes beneficiarios del FRR pero a costa del compromiso de futuras reformas para garantizar su resiliencia. España deberá reformar su deficitario sistema de pensiones (30.000 millones de aportaciones en 2020), flexibilizar su mercado laboral, rediseñar sus políticas activas de empleo (6.000 millones anuales), mejorar la eficiencia de su sistema educativo, potenciar su sistema de innovación, cambiar su cultura empresarial y controlar su gasto público. El FRR no solo es una agenda para la diversificación económica sino un compromiso moral con las reformas estructurales tantas veces aplazadas.