Políticos, empresarios y sociedad en general se llenan la boca hablando de colaboración público-privada. Esta combinación de palabras, que ya hace tiempo que emerge como un referente consensuado y de culto, es utilizada de manera constante, especialmente por políticos de cualquier signo, color y tendencia política, brotando incluso en la boca de aquellos escorados hacia posicionamientos que se alejan completamente del espíritu que dimana de lo privado en general y cuya prédica y postulados se basan en lo público como aspiración e inspiración vital.
Por la parte empresarial también se ha asumido y creído en el tótem y tótum que dimana del entente colaborativo público-privado, seguramente visto desde esta parte como aporte de agilidad e impulso que facilite e intente desenredar el embrollo burocrático, farragoso y lento que es inherente a lo estrictamente público.
En todo caso, la colaboración público-privada se nos revela como un referente absoluto e intercalable en cualquier charla, prédica, artículo, discurso o exposición de trasfondo político-empresarial, quizá sea un intento de redención sincera o guiño hacia la contraparte o porque los polos opuestos se atraen, quién sabe.
El caso es que una vez asumida y desarrollada la combinación público-privado, se echa de menos otro tipo de colaboración, la público-público en todas sus variantes ya que sin esta, muchos de los intentos público-privados quedan paralizados sin solución de continuidad, tornándose fútiles al depender de una ulterior correspondencia con otra administración distinta. Al llegar a este punto asistimos atónitos el espectáculo del desconcierto y descoordinación interadministrativa, es decir, el pasarse la pelota de unos a otros y donde nadie quiere tener la culpa.
Los ejemplos son múltiples y cotidianos, afectando de manera directa a la ciudadanía que puede ver por ejemplo como el mantenimiento de nuestras costas y playas se degrada progresivamente al no poder intervenir imperiosamente en ellas debido a absurdas y anacrónicas limitaciones competenciales. La Ley Montoro es otro de los paradigmas de la ausencia de empatía interpública, en este caso por parte de un Estado que al anteponer una burda excusa ecualizadora ahoga a numerosísimos municipios, impidiéndoles hacer inversiones, llevar mantenimiento y contratar personal. Clama al cielo también la imposibilidad de recuperar el IVA repercutido en el caso de la quiebra de Thomas Cook debido a una falta de alineación de la normativa española con la comunitaria, es para ponerse a llorar la demora en la obtención de permisos de obras en las zonas calificadas como inundables al tener que obtener una previa autorización de Recursos Hídricos, incluso la falta de sintonía produce redundancias como el Decreto que pone coto al turismo de excesos que, en un mundo ideal, podría haberse articulado en base a ordenanzas municipales. Y qué decir de ese REB inconcluso…
No podemos estar callados ante esta aberración kafkiana, pensemos que en la descoordinación e incomunicación manifiesta entre administraciones radican muchas de nuestras desgracias y, también, buena parte de nuestras miserias.