Hace unos días se aprobaba el Decreto Ley 1/2020 contra el turismo de excesos y mejora de la calidad que, entre otras zonas, será de aplicación en buena parte de Magaluf.
La medida ha sido aplaudida por buena parte del sector y de la propia ciudadanía. Basta ver la repercusión mediática que ha tenido el anuncio de la norma para darse cuenta de lo necesario que era un golpe sobre la mesa de la Administración. Pocos habrá que se posicionen abierta y directamente contra un marco normativo que ayude a dotar de cierta racionalidad a nuestra oferta turística (hotelera y complementaria), que contribuya a elevar su calidad y que pase de la palabra a la acción, buscando una mejora real de la competitividad y alineándose con un turismo auténticamente sostenible y responsable.
Meliá Hotels International llevamos ya unos cuantos años, a veces con la soledad propia del corredor de fondo, luchando por transformar Magaluf como destino. Aunque la mayor parte del peso la ha soportado el sector privado, ha sido importante la colaboración que desde Ajuntament, Govern y demás autoridades han ofreciendo a lo largo del proceso.
Desde una visión de crítica constructiva, podemos decir que compartimos el qué, pero albergamos ciertas dudas sobre el cómo. La sobrerregulación no es buena. El solape y reiteración de normas sobre un mismo sector, sobre una misma actividad, no favorecen la claridad y simplicidad que necesitan los operadores económicos. Tratar de manera algo dispar temas ya sujetos a normativa específica hace que se acaben creando lagunas que siempre favorecerán a quienes nunca han “jugado por el libro” ni tienen intención de hacerlo. Por otro lado, hay que profundizar y aterrizar importantes aspectos que garanticen el éxito de la iniciativa. Y tenemos tiempo para hacerlo. Las medidas a implantar en establecimientos turísticos o, incluso, viviendas vacacionales, las actuaciones en materia de publicidad, exposición o venta de alcohol, requieren de un escalón más de desarrollo a fin de garantizar la homogeneidad en su aplicación… y en la consiguiente inspección.
Poco recorrido tendrá esa nueva regulación si no va acompañada de los necesarios medios que garanticen desde el primer día el control sobre su cumplimiento. ¿Hay recursos suficientes? ¿Estarán disponibles en temporada alta en las franjas horarias en las que más se necesitan? La excepcionalidad de la medida legislativa empleada debiera ir acompañada de medidas extraordinarias que aseguren su cumplimiento; como no sea así, y del parto de esta montaña nazca un ratón, lo que va a ser extraordinaria es la bofetada que alguien se va a pegar frente a la ciudadanía, la opinión pública y los operadores turísticos.
Y ya de paso, creo que tampoco nadie se opondría a una ditada de mel que, como complemento a esta regulación, incentive, promueva o ayude a quienes más pudieran necesitarlo, y les incline a valorar lo positivo de orientar su actividad a la consecución de los objetivos planteados. Nuestro legislador acostumbra a blandir el palo de la regulación, la limitación o la prohibición (con decir que de 22 artículos que tiene la norma, 11 van dedicados al régimen sancionador…) y se olvida plantear mecanismos que faciliten el convencimiento de los más afectados.
La temporada 2020 está a punto de empezar en Magaluf.
Ya tengo los dedos acalambrados de mantenerlos cruzados y así parece que van a seguir hasta que llegue principios de julio (a esa fecha ya lo tendremos claro) y podamos hacer balance.